El Gobierno de Zaragoza en Común dio cuenta ayer de una nueva sentencia desfavorable en la contrata de limpieza viaria y recogida de residuos que obligará al ayuntamiento a abonar a la contrata un total de 1.866.365 euros. El fallo judicial se refiere, concretamente, al impago y a sus consiguientes intereses de demora de las certificaciones del servicio durante el año 2012.
Se trata de una sentencia, informaron fuentes oficiales del Gobierno municipal, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza que no se va a recurrir. Al contrario, se hará efectivo el pago con cargo al fondo de contingencia consignado en el presupuesto municipal prorrogado.
Además, el ayuntamiento tendrá que asumir el coste de lo que se denomina el anatocismo. Esto es, los intereses de los intereses acumulados desde que se presentó la demanda en los tribunales.
