La suspensión cautelar del pacto convenio del Ayuntamiento de Zaragoza se la juega en los próximos días. El plazo para poder presentar alegaciones frente a la petición de la Delegación del Gobierno en Aragón culmina hoy y, en base a las que se registren, el juez deberá dictaminar si anula o no la vigencia de tres de las cláusulas del documento aprobado en el consistorio. El texto, que contaba con el apoyo de la gran mayoría de sindicatos con representación en la Junta de Personal --todos salvo el de STAZ--, podría verlas anuladas por mandato judicial.
La decisión de la Delegación del Gobierno provocó una gran controversia en todos ellos y, de hecho, intentaron que desistiera de su recurso judicial contra estas cláusulas. De hecho, consiguieron que de las ocho iniciales en las que se pedía anular, se diera marcha atrás en cinco de ellas. Ahora están pendientes tres, entre ellas la que hace referencia a las 35 horas semanales de jornada efectiva, rebajando las 37,5 que establece el Gobierno central, para dedicar 2,5 a formación.
La incertidumbre es tal que algunos sindicatos del consistorio sopesan personarse en el litigio si prospera, ya que lo que se tiene que decidir en los próximos días solo hace referencia a la suspensión cautelar de estos tres artículos.
