El fiscal rebajó ayer sustancialmente las penas de prisión que inicialmente pedía para Pilar V. V., la técnico de laboratorio acusada de manipular pruebas de tuberculosis e intercambiar otras muestras generando que algunos pacientes del hospital Miguel Servet de Zaragoza recibiesen un tratamiento que no necesitaban, y que otros estuviesen a punto. El ministerio público solicitaba hasta 19 años de cárcel por una combinación de delitos, pero ayer los modificó y redujo a dos: uno contra la salud pública, por el que solicita cuatro años y un mes de cárcel y 4.200 euros de multa, y tres de lesiones, con 3.780 euros de sanción aparejados.

Tras la conclusión de las dos jornadas de juicio celebradas ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, el fiscal consideró probadas la infección y el cambio de dos viales de muestras que hizo que una mujer ingresada por una amenaza de parto prematuro fuera diagnosticada erróneamente de gonorrea. Esto último, para el fiscal, «está clarísimo», ya que llevaba las etiquetas sanitarias aún en el bolso cuando fue a declarar ante la Policía Nacional. La indemnización que pide para todos los afectados -no en salud, pero sí en inquietud- suma 3.166 euros.

Ayer, en la segunda y última jornada del juicio, declararon estos afectados. El propio diagnosticado de tuberculosis, que además ya la había padecido, de verdad, anteriormente. Toda la familia, que fue tratada, reconoció que vivió con «angustia», al tener además dos mellizas de un año amenazadas por el bacilo inexistente. Igualmente, la joven diagnosticada de gonorrea admitió que se llevó «bastante susto», al unirse a las contracciones y la infección de orina que sí padecía.

Por lo demás, la sesión de ayer dejó algunos testimonios más que apuntarían el posible móvil de la técnico sanitario para llevar a cabo esta manipulación, entre marzo y mayo del año pasado. Por ejemplo una doctora que estaba presente en el laboratorio de microbiología en una ocasión en la que la acusada discutía con su supervisor, y le dijo que si le cambiaban de su puesto sería «por encima de su cadáver, o algo parecido». Al fiscal le parece una motivación «extraña», pero plausible en «la sociedad actual».

SUMA DE INDICIOS / Este apuntó en su informe que quizá en este caso hay indicios, «tantos y tan concluyentes» que constituyen prueba. Entre otros, que en las dos fechas en que supuestamente ocurrió la manipulación, el 2 de abril y el 4 de marzo, Pilar V. V. estaba trabajando, y tenía que estar en el laboratorio, bien por trabajar allí o porque la enviaron a hacer algo. No solo eso, sino que era «de las dos o tres personas» que tenía acceso a las muestras de la Organización Mundial de la Salud que se usaron para la contaminación, y la formación para manipularlas. Y el resto no estaba.

Para la defensa, sin embargo, los indicios parten de un informe inicial del Salud que ya apuntaba a la autoría de Pilar V. V., a la que se ha definido como «despistada», pero no causaba problemas. La penalista Olga Oseira incidió en que las pruebas no han tenido en cuenta a las «60 o 70 personas» que trabajaban en el laboratorio, de las que solo se ha interrogado a una decena. Y según se vio anteayer, cualquiera podía pasarse por allí. Además, su perito acreditó que, según las propias cuentas de incubación del Salud, al menos en dos de las muestras se inoculó la bacteria en días en los que la acusada no trabajaba.

El Salud, como acusación, pide cinco años de prisión para ella (uno menos de lo solicitado inicialmente) por delitos de riesgo, falsedad documental y daños, además de las lesiones. Las multas en este caso sumarían algo más de 10.000 euros.