El fiscal Javier Checa acabó por convenir ayer con las defensas en que no hay pruebas suficientes para demostrar que los 6,3 millones que Plaza pagó por los terrenos del antiguo kartódromo Aragón fueran artificialmente inflados por un «concierto de voluntades» entre el exgerente de la plataforma logística, Ricardo García Becerril, el exconsejero delegado de la plataforma, Carlos Escó, y el dueño del negocio, Santiago Becerril (sin parentesco con el primero).

Sin embargo, esto no impide que la mordida del 10% que pagó el tercero y recibieron los otros siga existiendo, y por ello rebajó la responsabilidad civil a su valor (661.000 euros) pero no modificó las penas de cárcel que pide: 10 años para los cargos de Plaza y 18 meses para el vendedor, ya que su confesión dio origen al caso.

Según repasó el fiscal, los hechos no discutidos son que Plaza pagó a Becerril 6,3 millones, en tres plazos, y con cada uno de ellos este extraía «esa cantidad rara» de 220.000 euros, que según confesó luego iba a parar, en un sobre de billetes de 500, al bolsillo de García Becerril.

Con las comisiones, «salvo el comisionista, alguien pierde», y para el fiscal fue Plaza, pues sin este peaje el kartódromo habría salido más barato.

La «prueba fundamental» para él es la confesión de Santiago Becerril, por su «vehemencia, contundencia y reiteración. No tenía ninguna necesidad, se ha metido en un lío», expuso. Por lo mismo da credibilidad a que incriminara a Escó. «No le conocía de nada, ¿qué motivo hay para hacerlo?».

Las acusaciones particulares de Plaza y DGA, sin embargo, sí se mantuvieron en su tesis de que el precio fue «absolutamente desproporcionado», y consideran que García Becerril debió «velar por los intereses» de Plaza y su dinero público -pese a que el perito José Carlos Oliván defendiese su carácter privado- y ajustarse a su valor real, que juzgan más próximo a los 915.000 euros que expuso su perito. El de Santiago Becerril, Fernando Oliván, lo elevó a 6,8 millones.

A juicio del letrado de la DGA, la «urgencia» en la adquisición de la finca en el 2004 no se sostiene cuando Fomento ya había abierto la vía de la expropiación en el 2002, al requerir cambios en el enlace por carretera.

El letrado de Plaza criticó el «falaz argumento» de que la operación fue beneficiosa se pagara lo que se pagase, porque si se hubiera abonado menos, el beneficio hubiera sido mayor. En cualquier caso, ambos rebajaron a 2,5 años su petición de pena para Santiago Becerril (le pedían hasta 7), por su confesión.