El juicio por apropiación indebida contra Alfredo L. S. uno de los supuestos testaferros del que fuera dueño del grupo inmobiliario Fincas Atlanta, Eduardo Lacasta, quedó ayer visto para sentencia.
El fiscal del caso, Manuel Torralba, mostró ayer su convencimiento de que el acusado aprovechó que Lacasta había ingresado en prisión provisional en mayo del 2013 para «sacar dinero de sus cuentas y quedárselo en detrimento de su dueño». En total, 88.000 euros por los que pide 3 años de prisión. Con respecto al hermano de este procesado, Raúl L. S., que también está acusado por el mismo asunto, la acusación pública entiende que es autor a título lucrativo. Una figura que en los últimos tiempos «se usa con mayor profusión», insistió el fiscal en alusión a la sentencia de la Gürtel, y por el que pidió un año de cárcel.
Unas penas privativas de libertad que la acusación particular, que ejerce Gerardo Benítez, eleva hasta los seis y tres años, respectivamente, para los hermanos.
Por su parte, el letrado defensor, Rafael Ariza, consideró que ambos deben ser absueltos porque las extracciones de dinero «siempre fueron con la autorización de su jefe, Eduardo Lacasta Lanaspa». Este penalista destacó las declaraciones del resto de trabajadores del grupo Atlanta «quienes en todo momento aseguraron que el que mandaba ahí era Lacasta y que los acusados eran meros albañiles y testaferros».
