El juicio por la presunta macroestafa a 86 cooperativistas de Arcosur terminó ayer con una modificación en las conclusiones por parte de la Fiscalía preocupante para los afectados. El fiscal, a la luz de las pruebas y testimonios, consideró correctamente abonados alrededor de 1,8 millones de los 3 aportados por los cooperativistas, con lo que la indemnización que pide que paguen los condenados se reduce a 1,3, sumadas las que pactó con las defensas del escalón menor de los acusados.

El ministerio público razona que, aun cuando la trama se propusiera desde un principio quedarse el dinero, abonaron 1,2 millones por terrenos, aunque no los llegasen a pagar del todo, y otros 600.000 en minutas de abogados, tasas y trámites legítimamente cobrados.

Así las cosas, las acusaciones particulares no secundaron la acusación final de la Fiscalía. El letrado de la cooperativa siguió pidiendo los 3 millones, y los que representaban a cooperativistas por separado solicitaron lo perdido, 46.000 euros en la mayoría de los casos. Los jueces decidirán.

Además de la indemnización, el fiscal modificó las penas de cárcel pedidas, con una ligera reducción para los tres acusados que considera cerebros de la trama: los administradores sucesivos de las empresas gestoras, Julio Pinilla y Carlos Gumersindo Álvarez y el presidente de la Junta Rectora de la cooperativa, Antonio Jesús Villalba. Para ellos pide 12 años de cárcel por estafa y blanqueo, con multas de 3 millones cada uno, la mitad de la solicitud inicial.

Las acusaciones particulares sí se adhirieron a esta valoración, aunque colocaron en este grupo principal también al socio inicial de Pinilla, Tomás Laviña, que cobró parte de las intermediaciones por compras de terreno. Para él, y para los otros tres acusados -Fernando Benito, Pedro Garcés y Julián Seral-, todos piden dos años de cárcel a condición de que paguen.