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ÁMBITO JUDICIAL.

Los fiscales pedirán ocho años de cárcel para los cabecillas del plante

La graduación de penas se realizará en función del grado de implicación.El ministerio público acuerda en Zaragoza una estrategia conjunta.

F. V. L.
10/12/2010

 

La Junta Superior de Fiscales, que agrupa a los fiscales jefes de todas las comunidades autónomas españolas, acordó ayer en Zaragoza identificar a los cabecillas del plante ilegal de controladores aéreos, una iniciativa esencial para graduar la solicitud de pena a la que se expondrán en el procedimiento judicial abierto contra los huelguistas, que se exponen a sanciones entre tres y ocho años por el delito de sedición.

"La ley prevé sanciones para todos los que han cometido un hecho delictivo y establece que los dirigentes tienen una sanción mayor, aunque en principio la responsabilidad es de todos los que han participado en el abandono premeditado del aeropuerto, con la finalidad deliberada de paralizar el tráfico aéreo", aseguró ayer Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, en la sede del Tribunal de Justicia de Aragón, donde los máximos representantes del ministerio público mantuvieron la reunión.

De momento, las diversas fiscalías han incoado diligencias de investigación para individualizar a los responsables. Y Conde-Pumpido aseguró que se han abierto más de 20 diligencias, en otras tantas sedes fiscales, y que el número de presuntos responsables es superior a 400. "Se trabaja para ponerlos a disposición de los órganos judiciales competentes y exigir la correspondiente responsabilidad", explicó.

"El abandono colectivo de un aeropuerto, con paralización del tráfico aéreo, es un delito muy grave que está penado en la Ley de Navegación Aérea con una sanción de prisión que puede ir desde tres años a ocho años", afirmó Conde-Pumpido, que comparó la huelga salvaje de los controladores con la marcha de un hospital, de forma repentina, de los médicos encargados de tratar a los pacientes.


JURISDICCIÓN MILITAR "No estamos hablando de un problema laboral, porque no se han utilizado en ningún momento las vías legales para los conflictos laborales, sino que se ha producido un abandono premeditado, concertado y colectivo de los aeropuertos, con un grave daño para los ciudadanos y para España", subrayó ante los medios el máximo responsable jerárquico de los fiscales españoles.

En referencia a la reunión de Zaragoza, Conde-Pumpido la justificó en que "se ha cometido un delito de sedición en cada aeropuerto y eso puede dar lugar a procedimientos distintos". "La coordinación la va a hacer esta junta tratando de establecer las reglas por las que el fiscal incoará los procedimientos y los trasladará después a los órganos judiciales correspondientes", dijo.

Frente a las críticas por la supuesta inconstitucionalidad del estado de alarma, Conde-Pumpido defendió la legalidad de la medida, como "instrumento que la Constitución proporciona para resolver un problema que afecta a gran número de ciudadanos". Además, aseguró que las personas que pudieron cometer algún delito a partir de las 13.00 horas del sábado serán enjuiciadas en la jurisdicción militar.