La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha abierto diligencias informativas para investigar si pudo existir algún delito en el escrache de que fue objeto en su domicilio el concejal zaragozano y diputado estatal del PP Eloy Suárez el pasado viernes 12 de abril.
El ministerio público ha abierto las diligencias tras recibir un atestado del Cuerpo Nacional de Policía con un informe y una grabación en video de los hechos, además de un listado con las identidades de las 51 personas a las que los agentes pidieron la documentación.
En caso de no apreciar la existencia de delitos, la Fiscalía archivará las diligencias y las remitirá a la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza para que esta continúe con la tramitación de los expedientes por presunta infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana que inició hace unos días. Estos últimos deben quedar en suspenso mientras exista una actuación en la jurisdicción penal.
Varias de las personas que fueron identificadas sostienen que la Policía les pidió la documentación a cientos de metros de la protesta, en la que aseguran no haber participado.
TIPOS PENALES Fuentes del ministerio público señalaron, en caso de existir, como infracciones más probables los tipos penales de coacciones y de atentado a la autoridad.
El primero castiga con penas de seis meses a tres años de prisión o multas que pueden llegar a 216.000 euros a quien "sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto".
El segundo, por su parte, asigna condenas de cuatro a seis años de cárcel, acompañadas de multas que pueden superar los 100.000 euros a quienes "intimiden gravemente" a una autoridad o le hagan "resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas". Este tipo penal sería de aplicación si el ministerio público considera que el escrache fue delictivo y que el motivo para manifestarse ante el domicilio de Suárez fue que este es diputado estatal del PP.
Por otro lado, el ministerio público está en toda España a la espera de que la Secretaría General les remita la circular con las instrucciones para actuar ante los escraches que hace unos días anunció el fiscal general, Eduardo Torres Dulce, que se inclina por tratarlos como delito.
