La utilización de los menores como instrumento para dañar a las mujeres va en aumento. Una realidad de la que alertó ayer desde Zaragoza la fiscala especializada en violencia de género Susana Gisbert y que calificó de «preocupante».

El año pasado un menor fue asesinado en España en el ámbito de la violencia machista y este año han sido siete, resaltó Gisbert durante el I Congreso sobre Violencia contra las Mujeres organizado por el Instituto Aragonés de la Mujer con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, que se celebra los 25 de noviembre. En dicho marco también animó a la sociedad a denunciar los casos de violencia de género del mismo modo que se hace, por ejemplo, con los robos.

Gisbert, quien recordó que en lo que va de 2017 han sido asesinadas más mujeres que en todo 2016, insistió además en que la cifra de denuncias por parte de personas que no son la maltratada es «todavía muy baja». Aunque reconoció que se dio «un paso muy importante» en el 2004 con la aprobación de la ley integral contra la violencia de género, «poco a poco se ha bajado la guardia» y en la actualidad algunos jóvenes son «más machistas cuando han sido educados en igualdad».

Además de inversión y medios, Gisbert consideró necesaria «una apuesta seria por seguir en esta lucha y por atacar desde la raíz» el problema, que es el machismo. «La educación en igualdad es la vacuna contra el machismo», apuntó. Del mismo modo se pronunció la consejera aragonesa de Servicios Sociales, Mariví Broto, quien resaltó la importancia de denucniar.

TURNO DE OFICIO / Desde el turno de oficio de violencia de género, la abogada zaragozana Yolanda Mompel reclamó más medios «y dinero» para poder atacar esta lacra en forma de violencia física y psíquica, maltrato, acoso y violaciones, quebrantamientos de condenas o incluso delitos económicos, citó.

La letrada resaltó que en muchas ocasiones las denuncias se retiran porque la mujer se encuentra sola y, tras ponerse en marcha «toda la maquinaria», no prosperan. Un porcentaje que es «cada vez menor», reconoció, pero que en el turno de oficio se produce y sobre todo en inmigrantes, mujeres que no tienen familia y que no quieren ejercer la acusación particular. Por ello requiere que la Administración tanto estatal como autonómica «aporte dinero» porque la mujer tiene que estar acompañada por un abogado, un psicólogo y un trabajador social.

Mompel destacó que Aragón es una comunidad pionera, en la que la mujer que sufre cualquier tipo de violencia tiene asistencia jurídica de manera «gratuita e inmediata», que no se da en otros territorios y de lo que se siente «muy orgullosa». No obstante, recordó que en el 2016 en Aragón se trataron unos 1.500 procedimientos, aunque las actuaciones son «inmensas» y el turno de oficio está de guardia las 24 horas todos los días.