Las obras de la primera fase del tranvía de Zaragoza no serán investigadas judicialmente, por el momento. La recién creada Fiscalía Anticorrupción de Zaragoza decidió ayer archivar la denuncia interpuesta por Chunta Aragonesista que se basaba en unas declaraciones del denunciante del caso saqueo de Plaza, Francho Chabier Mayayo, en la que insinuó supuestas irregularidades de la constructora.

Una decisión tomada por el fiscal Francisco Javier Checa después de tomarle declaración en calidad de testigo. Mayayo señaló al representante del ministerio público, según pudo saber EL PERIÓDICO, que él no puede asegurar que la UTE formada por Acciona y FCC se haya beneficiado ilegalmente de estos trabajos cuya factura ascendió a 400 millones.

Recalcó que no estaba al frente de ninguna certificación porque su labor fue "meramente administrativa" después de ser apartado de las obras que Acciona estaba llevando a cabo en Plaza, tras descubrirse que había puesto en manos de la Justicia la supuesta malversación que actualmente está siendo investigada.

Asimismo, ratificó las palabras esgrimidas en la comisión de investigación de las Cortes en las que aseguró que "detectó algún tema, pero que no era comparable con lo de la plataforma logística, sino que era algo interno de la empresa y lo canalicé a través de ella".

En este sentido, Mayayo señaló, en declaraciones a este diario, que "no habló del ayuntamiento", a la vez que reprochó la lectura que realizaron los partidos políticos del consistorio. "Pidieron que yo aclarara este tema, pero también podían haber llamado a los técnicos municipales porque ellos sabrán más".

Estas explicaciones, unidas a la falta de documentación sobre presuntas ilegalidades llevaron a la Fiscalía Anticorrupción de Zaragoza a sobreseer ayer estas diligencias. No obstante, según fuentes de la misma, no se descartaría una investigación si recibe pruebas incriminatorias.

Desde el PP municipal se exige una comisión de investigación para aclarar la existencia de posibles irregularidades en las certificaciones emitidas por la sociedad de obras que luego no fueron ejecutadas.

Los populares critican que "aunque el precio final no varió" las obras iniciales se vieron modificadas o sustituidas sobre la marcha por otras.