Las acusaciones en el caso de la destrucción de la cueva de Chaves, tanto el fiscal como el letrado de la Diputación General de Aragón, pidieron ayer que el empresario Victorino Alonso, condenado a dos años de cárcel por los daños, ingrese efectivamente en prisión al no haber podido satisfacer la indemnización fijada en la sentencia, fijada en 25 millones.
Alonso ofreció en pago la finca en la que está ubicada la cueva, que contenía unas pinturas prehistóricas de incalculable valor, pero su precio es de unos 13,5 millones de euros, una cantidad insuficiente para cubrir el montante total.
El empresario ha recurrido ante el Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse sobre el asunto. Tiene condenas anteriores, pero estas no computan como antecedentes penales que se pudieran sumar a los dos años de cárcel que le impuso la Audiencia Provincial de Huesca.
La cueva resultó destruida porque, lejos de protegerse como era debido, se utilizó para encerrar animales de la finca cinegética que explotaba Victorino Alonso. Los daños causados a las pinturas resultaron irreversibles, según los peritos.
