La Fiscalía Anticorrupción ha documentado el saqueo de más de trece millones de euros en la plataforma logística Plaza, desfalco en el que participaron 19 empresas y que atribuye a los cinco imputados en la causa: el exgerente de la empresa pública, Ricardo García Becerril; su exdirector técnico, Miguel Ángel Pérez; los exjefes de la UTE, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, empleados de Acciona, y el ejecutivo de la consultora Intecsa-Inarsa Nico Groeneveld. Les imputa, según el caso, los delitos de malversación, blanqueo, falsedad, cohecho y prevaricación.
El escrito por el que el fiscal anticorrupción José Grinda ordenó su detención el pasado 14 de agosto narra cómo los imputados, según se desprende de los testimonios recogidos y los documentos analizados durante un mes, "fueron obteniendo indebidamente fondos públicos" de las obras de Plaza "más allá de lo presupuestado" y lo desviaron "al patrimonio de los dirigentes de las empresas adjudicatarias y de los directivos de la sociedad pública".
La Fiscalía divide los procedimientos por los que llevaron a cabo el presunto saqueo en cuatro bloques: sobrefacturaciones en las que aumentaban tanto los precios reales como las medidas de las obras que realizaban, pagos en especie a García Becerril y Groeneveld "con cargo a la empresa pública", "simulación de saneamiento de tierras para ocultar las certificaciones ficticias" y certificación de obras no ejecutadas "cuyo importe se destinaba, en parte, al anterior pago en especie". "Todo ello era ejecutado con el acuerdo de, al menos, los denunciados ya mencionados", señala.
El fiscal relata como los sobreprecios eran inicialmente rechazados por la consultora, aunque "Groeneveld deja de poner objeciones. Más o menos, en 2004, 2005".
Las certificaciones llegaron a incluir anotaciones como "según 20% de previsión de futuros crecimientos", para cuya justificación simularon saneamientos en los suelos del polígono.
MODIFICADO
"Dado que la UTE tenía los consiguientes gastos de esas obras para cumplir lo certificado --añade Anticorrupción--, el señor Bretón realizó una liquidación que incluyó otro modificado de un 4% más (aproximadamente, seis millones de euros)".
Uno de los saneamientos, que "no se realizó nunca" y que se añade a los anteriores, supuso "más de 750.000 euros". "De esta manera también se ocultó la realidad de las facturas relativas a las obras realizadas, por ejemplo, en los inmuebles de los señores Groeneveld y García Becerril", anota.
Estas fueron efectuadas, añade, por Construcciones Hernández Langa, cuyo responsable admitió haber ejecutado con cargo a Plaza reformas en una casa de labradores, en el chalet de García Becerril en Salou, en la vivienda de los padres de este en San Mateo y en un edificio de la urbanización Torres de San Lamberto. Varias de las facturas incluyen la anotación: "entregada en mano a Miguel Cantero". Este, propietario de las firmas Micar y CR Consultores, es amigo del exgerente de Plaza.
Los pagos en especie, indica Anticorrupción, "también lo fueron en forma de viajes" para Groeneveld, Pérez y Bretón.
"Con el fin de encubrir gastos derivados de beneficios particulares y la distracción de dinero recibido de Plaza mediante las certificaciones ficticias, se elaboraron por los denunciados diversas facturas ficticias por valor superior a los seis millones de euros", señala la Fiscalía.
En esas operaciones, según indica la denuncia, participaron un total de 19 firmas entre las que destacan Lexton, una empresa de componentes para el automóvil; Micar y CRC, de Manuel Cantero; Pulsar, propiedad de las hijas de García Becerril; Agustín Maestre, amigo del exgerente de Plaza cuyo hijo salió un tiempo con una de sus hijas; La Rivera, alguna de cuyas facturas se refería a pagos pendientes por cientos de miles de euros; Actividades Margalejo, de cuyos propietarios fue socia la esposa del exgerente de Plaza, Elena Planté, Finestra y Hernández Langa.
La Policía analiza los documentos intervenidos en los registros para documentar más operaciones sospechosas.
