La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Teruel ha abierto diligencias para investigar si pudo existir un delito de prevaricación en el reparto de los 60 millones de euros del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) del 2012.
El ministerio público abrió la investigación tras recibir una denuncia de Compromiso por Aragón (CpA). Las pesquisas se centran en el consejero de Economía de la DGA, Francisco Bono, al que los aragonesistas señalaron por ser el firmante de los decretos de la DGA en los que fue materializado el reparto de los fondos.
De hecho, la Fiscalía ya ha reclamado al Gobierno de Aragón que le envíe diversos documentos e información acerca de la gestión del plan en el 2012. En el Pignatelli causó sorpresa que la investigación se centre en Bono, ya que el FITE es gestionado por una comisión mixta DGA-Administración central.
La actual que prepara el plan del 2013, está integrada, además de por el consejero de Economía, por su director general, José María García; la secretaria general técnica del departamento, Cristina Asensio; el responsable de Política Territorial, Antonio Suárez, y el delegado territorial en Teruel, José Miguel Espada. Por Madrid, forman parte del órgano la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás; el director general de Fondos Comunitarios, José María Piñero; el subdirector general del Fondo de Cohesión y Cooperación Territorial Europea, Fernando Fernández Melle, y el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde.
CRITERIOS La denuncia, explicaron fuentes de CpA, explica que los recursos del FITE son repartidos "sin criterios ni bases" entre una serie de proyectos considerados estratégicos --Motorland, Dinópolis o el aeródromo de Caudé--, ayuntamientos y comarcas y, por último, iniciativas del sector privado.
La denuncia incluye un cuadro sobre el reparto de los cuatro millones del FITE que cada año van destinados a los ayuntamientos: Andorra, tercer municipio de la provincia por población, no ha recibido un euro en cinco años, lo mismo que otros 18; hay ocho, por el contrario, a los que llegaron fondos en todos esos ejercicios.
"Los fondos se reparten sin reglas conocidas en un acuerdo a tres bandas: PP y PAR, con el apoyo del PSOE", sostiene el presidente de Compromiso por Aragón, Joaquín Moreno.
"Es dinero público, pero no hay transparencia ni una normativa que regule la forma de repartirlo", indicó Moreno, que añadió que, "además, se hace política con él".
Los sesenta millones de euros con los que el año pasado estuvo dotado el Fondo de Inversiones de Teruel son aportados por la Unión Europea, además de por la Administración central y por la autonómica.
