Fiscalía pide inhabilitar al edil de Los Pintanos por una alcaldada

E. BAYONA 07/02/2012

Guillermo Garcés, alcalde (PAR) de Los Pintanos, se enfrenta a nueve años de inhabilitación por su tardanza en cumplir una orden judicial que le conminaba a empadronar a una mujer y por negarle la palabra en una asamblea vecinal cuando conocía la existencia del mandato

Garcés, alcalde del pequeño municipio, de cuyo padrón fueron dadas de baja 48 vecinos en el 2008 tras instar la revisión el Justicia, se sentó ayer en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 9 de Zaragoza. La Fiscalía la imputa un delito contra los derechos individuales al que la denunciante --representada por el abogado Javier Hernández-- añade otro de prevaricación. La defensa, ejercida por el letrado Enrique Trebolle, pidió la absolución.

Uno de esos exvecinos --Eva S. C.-- recurrió la decisión, y el Juzgado Contencioso número 2le dio la razón en noviembre del 2009. El auto que ordenaba ejecutar el fallo llegó a Los Pintanos el 9 de enero del 2010, aunque --según dijo-- él no lo tuvo hasta el día 12, ya que lo recogió su padre porque él estaba fuera. No fue empadronada hasta el 10 de febrero.

Antes, el 19 de enero Garcés prohibió a la mujer que interviniera en una asamblea. "Si no se está empadronado no se puede participar", declaró.

Negó que tuviera "ningún problema personal con ella" y se quitó responsabilidades en el incumplimiento de la orden: "Tiene que empadronarla la secretaria y yo firmo el decreto después", dijo tras anotar que era imposible inscribirla por una avería en la aplicación informática del censo.

La denunciante, por su parte, recordó que el alcalde había admitido que conocía la sentencia en la misma asamblea en la que le negó la palabra. "Está perjudicándome y negándome mis derechos", dijo Eva S. C. "Todavía no sé realmente por qué me dieron de baja", añadió.

PADRÓN La exsecretaria municipal --la actual diputada del PP Blanca Puyuelo, sensibilizada con los conflictos padronales tras haber relevado en la Comarca de la Jacetania al asesinado alcalde de Fago, Miguel Grima-- negó que el edil le ordenara retrasar la inscripción, aunque también matizó la versión de este: el mismo día que llegó al puesto en noviembre, la DGA le informaron de la existencia de tensiones por el censo en ese pueblo; y quien marcaba "las prioridades" era "el señor alcalde", explicó. Este le ordenó empadronarla tras la asamblea. En ese trámite, ilustró, primero emite un decreto el alcalde y luego el secretario hace la inscripción. "Eso se hace así", dijo.

La Fiscalía ve "mala fe" en la actuación del edil, que aunque "conocía perfectamente la situación" optó por "impedir el ejercicio de un derecho" para que Eva no interviniera en la asamblea.

Para Fernández, "hay una actuación contumaz, dilatada en el tiempo", con la que Garcés pretendía que el pueblo no pasara de 40 habitantes y siguiera como concejo abierto.

Trebolle mantuvo que el alcalde no delinquió al haber pasado menos de dos meses desde que acusa recibo de la orden hasta que la cumple. También alegó que el edil "no tiene conocimientos para redactar un decreto" y debía esperar a que lo formulara la secretaria.