El funcionario de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Aragón Joaquín María P. A. volvió a tener que declarar por la supuesta trama de regularización de inmigrantes ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza. La Guardia Civil le imputó nada menos que 19 apaños como líder de una organización, si bien la Fiscalía solo buscó aclarar una de ellas, la correspondiente a Jousef B.

Este hombre, que está siendo defendido por los abogados Constanza Dufol y Martín Forniés, defendió su inocencia y justificó su actitud.

Aseguró que la condena que pesaba sobre este inmigrante marroquí constaba como archivada y que respecto a su situación laboral, valoró que los 90 días se cumplían al aplicar los días cuota, teniendo en consideración los días que correspondían por las pagas extraordinarias.

Este trabajador público quiso recordar que las instrucciones que tienen son que en el plazo de un mes se puede pedir una renovación extraordinaria, que es lo que se hizo. "Además estaba dado de alta y los problemas iniciales de antecedentes no concurrían", recalcó.

Desde la defensa de este hombre volvieron a solicitar el archivo de la causa Dufol, aseverando que "el informe realizado por la Oficina de Extranjería de Aragón ya rebajó los expedientes de las supuestas irregularidades", tal y como adelantó EL PERIÓDICO. En concreto, este documento hablaba de cuatro nacionalizaciones ilegales.

Frente a ello está la investigación que define el papel de ejecutor a Joaquín María P. A., pero siempre con la ayuda de Adelmajid S., Ahmed M., Jalal el H. y Abdesalam Z., a los que considera los encargados de conseguir inmigrantes. Una vez captados, el funcionario les facilitaba el trabajo y les asesoraba sobre los mismos, además de resolver los recursos interpuestos. Todo por un precio que iba desde los 900 a los 3.000 euros.