Fiscalía retiró ayer el cargo de integración en grupo criminal que mantenía contra tres de los nueve juzgados por la venta de speed y otras drogas en Tudela y Zaragoza. Tras la conclusión del juicio, el ministerio público acusó únicamente por el narcotráfico a Ángel D. P., Susana M. A. y Sonia S. G. Aunque el resultado no fue el mismo para todos ellos. Los dos primeros, que admitieron anteayer ante la Sección Primera de la Audiencia que habían vendido droga (o iban a hacerlo), a pequeña escala, eludirán la prisión, con penas de 1,5 y 3 años de cárcel, respectivamente. Esta última, condicionada a que se mantenga en rehabilitación.

A Sonia S. G., sin embargo, le mantuvo la petición de 5 años por vender droga, en este caso desde el parque de Valdefierro, pese a que ni ella ni sus dos presuntos clientes (la propia Susana M. A. y su pareja, Miguel Ángel N. A.) ni ella misma la reconocieron como proveedora.

Para el resto de los acusados, 6, la fiscala mantuvo la acusación original, que les supondría penas de entre 6,5 y 10 años de cárcel por delitos de narcotráfico, integración en grupo criminal y, en dos de los casos, tenencia ilícita de armas, y contando con los antecedentes de varios de ellos. La representante del ministerio público no dio credibilidad al relato que ofrecieron anteayer. Según el cual, la droga hallada en la operación (cerca de 250 gramos de speed y pequeñas cantidades de otras drogas) serían para el autoconsumo, con dosis diarias de alrededor de 5 gramos, y hasta 20.

BANDA ESTRUCTURADA / Así, la fiscalía siguió sosteniendo que los seis acusados formaban parte de una banda organizada de tráfico de estupefacientes en el corredor del Ebro, entre Tudela y Zaragoza, Uno de los proveedores principales sería Iván L. L., al que además de droga le fueron decomisadas armas como una defensa eléctrica, un arco de poleas y armas de fuego, cortas y largas. En cuanto a varias de estas, aseguró que se las había encontrado su perro en una bolsa, escarbando.

Una escopeta del arsenal estaba a nombre de un desconocido, el mismo dueño del arma hallada en casa de Pedro Diego G. P., también acusado, que dijo que era de su padre y la quería regularizar.

En su casa también fueron decomisadas drogas, pero la mayor cantidad, 150 gramos, se la encontraron en el coche a su hermano, Sergio G. P, al volver de Tudela. Él aseguró que era para consumo propio, porque podía llegar a meterse 20 gramos al día, si los tenía. Y afirmó que se la compró a un musulmán desconocido, al que llamaban «Musta».

Pero la fiscalía no cree ni una cosa ni otra. Le mantuvo la acusación por el tráfico y siguió considerando como sus proveedores a los dos residentes en Tudela, Emilio C. M. y David E. R., que anteayer se desvincularon totalmente de la venta del paquete, en junio del año pasado.