La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha apreciado indicios de delito en otros cinco contratos del Plan de Depuración. Están valorados en 357 millones y fueron adjudicados por el Instituto Aragonés del Agua en el 2006 y el 2007, cuando lo presidía el entonces consejero de Medio Ambiente Alfredo Boné --hoy portavoz del PAR en las Cortes-- y ocupaba la dirección Alfredo Cajal, que hace poco ha retomado el puesto.
La delegación del ministerio público en el tribunal ha reclamado los expedientes completos de esas cinco contratas al concluir que los trabajos preliminares de los auditores "permiten fundamentar la existencia de sospechas de la comisión de infracciones penales". Si constata la existencia de esas evidencias, las remitirá a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza para que esta abra diligencias y, en su caso, lleve el asunto al juzgado.
Las adjudicaciones de Medio Ambiente, y concretamente las del Plan de Depuración, ya fueron las de mayor cuantía económica de las tramitadas en los dos primeros años de esa legislatura (ejercicios del 2004 y el 2005) que la Fiscalía envió al juzgado. Aquellos cinco primeros contratos sumaban una cuantía de 353 millones de euros.
LAS ZONAS Los expedientes en los que la Fiscalía aprecia indicios de delito son los referentes a la zona 05 del Plan de Depuración, que abarca el Bajo Cinca fue adjudicada por 36,4 millones; al área 06, localizada en el Bajo Aragón y otorgada por 58,4; a la 8-C, que afecta a la zona noroeste de la Ribera Alta y fue asignada por 90; a la de Utebo, que debe dar servicio a seis municipios y tres barrios de Zaragoza y tiene un presupuesto de 92,7, y, por último, a la 07-A, que incluye parte de la Ribera Baja y el corredor del Huerva y cuyo coste asciende a 75,6 millones.
El Tribunal de Cuentas ha detectado que en la tramitación de esta segunda remesa se repitió lo que había ocurrido en la primera: "Después de abiertos los sobres" de las ofertas, y cuando los responsables del concurso ya conocían por lo tanto las propuestas de los licitadores, "algunos criterios selectivos y sus correspondientes baremos" fueron desglosados "en otros criterios y baremos más precisos", pero que no figuraban en los pliegos de cláusulas administrativas por las que se regía el procedimiento, según indica un reciente informe del Tribunal de Cuentas. Es decir, que alguien cambiaba las reglas sobre la marcha, conforme iba sabiendo qué ofrecían las empresas que optaban a cada contrata.
Los auditores, que no tienen constancia de que los licitadores fueran invitados a "exponer observaciones o reservas" a las propuestas de adjudicación --la ley obliga a hacerlo--, han detectado otras irregularidades en la tramitación de las adjudicaciones que afectan a la valoración de las ofertas económicas.
Al tribunal le llama la atención que los informes de valoración solo incluyan "comentarios motivadores de las puntuaciones de los dos licitadores mejor puntuados en cada contrato", algo "significativamente deficiente".
