El Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) aprobó ayer inversiones por valor de 60 millones de euros en distintos sectores de la provincia, de los que siete serán para la Ciudad del Motor, dos para el Fondo de financiación de empresas y 3,1 para impulsar infraestructuras turísticas e industriales.
La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, presidió ayer la Comisión de Seguimiento del Fite, que esta financiado al 50% entre el Estado y la comunidad autónoma aragonesa, que ha aprobado las inversiones, según informó ayer la Delegación del Gobierno.
A la reunión asistieron el consejero de Economía y Empleo, Francisco Bono Ríos, el consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez Oriz, y el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde Sánchez.
De los 60 millones aprobados ayer, 4,3 van a infraestructuras de transportes y comunicaciones; 16,5, a iniciativas empresariales en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico; y 5,4, a infraestructuras para la implantación de empresas.
Otros 5,6 millones son para poner en valor el patrimonio cultural, ambiental y social; 24,2 a proyectos estratégicos y singulares, y 4 a infraestructuras municipales.
Por su cuantía, destacan los siete millones destinados a la Ciudad del Motor; 2 al Fondo de Financiación de Empresas; y 3,1 millones para infraestructuras turística e industrial.
El 20 de octubre de 1992 se firmó el primer convenio del Fondo Especial de Teruel con una dotación inicial de 1.900 millones de pesetas anuales y desde entonces Estado y la comunidad autónoma han invertido 874 millones de euros.
El efecto de estas inversiones ha permitido asentar industrias que han ayudado a fijar población en comarcas hasta entonces muy castigadas por la emigración. Con todo, el gran problema de la provincia sigue siendo la dispersión y la escasa entidad demográfica de muchas poblaciones.
Esta situación ha llevado a los empresarios y a las entidades sociales de la provincia a movilizarse para reclamar en la Unión Europea la concesión de ayudas que tengan en cuenta la desventaja que representa la escasez de habitantes y la elevada edad media de los mismos en la mayoría de las comarcas.
