Un presunto fraude de 9 millones de euros con la venta de chatarra a la empresa Arcelor Mittal quedó reducido ayer por varios de los 13 acusados del mismo a una cuestión de «propinas» por dejar colarse a camioneros en la fila de entrega. Fue lo máximo que reconocieron algunos de los implicados, por muy cuantiosas que fueran estas gratificaciones (hasta 6.000 euros al mes, dijo uno), después de desdecirse de lo que habían declarado ante la Policía y el juzgado. Allí, según coincidieron algunos, admitieron la trama por estar «nerviosos» o «presionados» por los agentes, cuando no «coaccionados».

En su día algunos sí que reconocieron en su totalidad la trama, que según dijeron consistía en un conchabeo entre empresarios chatarreros, transportistas y trabajadores de Arcelor. Los seleccionadores (empleados que evalúan los cargamentos de quincalla) hacían «la vista gorda» sobre el porcentaje de material estéril (tierra y otros residuos) de los camiones, generando más ingresos de los debidos a los proveedores. Parte del dinero se lo repartían, en forma de mordida, entre ellos y algunos otros empleados. Así, entre el 2012 y el 2015, presuntamente generaron un perjuicio a la empresa evaluado en 9 millones de euros, y por el que la Fiscalía pide inicialmente penas que oscilan entre los seis meses y los seis años de prisión.

El sistema fue negado por todos, y particularmente por los chatarreros. Así, Salvador C. C., de Reciclarte, afirmó que «nunca» había participado en estos pactos ni había pagado a los seleccionadores, aunque uno de ellos afirmó lo contrario. De hecho, resaltó que su empresa es la más afectada por las «penalizaciones» que imponía Arcelor por exceso de residuos; hasta el punto de que, por negarse a pagar 2.000 euros, no le abonaba un millón.

Algo similar afirmó el también empresario José María G. C., de Reciclados San Juan, y su secretaria, María del Carmen M. C.. El tercer empresario, José D. P., cuya empresa Hierros y Metales Díaz ha quebrado ante el «desprestigio» y las fianzas del caso, negó igualmente los hechos. Matizó que cuando habló en la investigacion de «picaresca» en el sector, se refería a la que «encarna Arcelor, que nos tiene esclavos a todos y nos descuenta lo que quiere». También afeó el trato de favor hacia las otras dos empresas en cuanto al pago.

CLASIFICADORES

Dos de los tres seleccionadores solo admitieron cobrar gratificaciones a cambio de «colar» en la fila de camiones a quienes les pagaban, frente a los que llegaban a estar «cinco o seis horas en la fila». Francisco Javier B. M. dijo que a esto se refería cuando dijo que hacían «la vista gorda», ya que dejaban pasar rápido a los beneficiarios sin «mirar con lupa» el cargamento. Recibía de 1.000 a 2.000 euros de sus benefactores, pero «al año».

Su compañero Juan Carlos A. P. elevó estas propinas hasta a «6.000 euros al mes» en el 2014, cuando además de dar preferencia a sus seis pagadores les valoraba la chatarra en un volumen «apropiado». La empresa le instaba a evaluar «hasta el doble» del residuo, y así lo seguía haciendo a quien no pagaba. Un «pacto de caballeros» le impidió delatar a sus seis clientes hasta ayer. Salvo a uno, que confesó a la Policía «por nervios», pero que en cualquier caso no llegó al banquillo.

El otro clasificador, José Luis O. P., negó los hechos, y un transportista que trabajaba para las chatarrerías, Félix M. L., admitió solo el asunto de las propinas. El resto de los encausados, gruistas y maquinistas de Arcelor o subcontratados, admitieron (salvo uno) que les daban algo de propina por colaborar, pero que ellos no valoraban.