El Colegio de Abogados de Zaragoza busca un frente común con los de Huesca y Teruel, amén de otros operadores judiciales, para plantear un recurso conjunto al decreto de Justicia Gratuita del Gobierno de Aragón, que ya anunció por iniciativa propia el recién reelegido decano, Antonio Morán.

Según anunció, el decreto «ignora los derechos de los abogados del turno de oficio, pues no se resuelven los graves problemas existentes en la actualidad, que obligan a muchos abogados del turno de oficio a prestar la asistencia jurídica gratuita sin que se les remunere su intervención profesional».

Además, consideran, el texto legal reduce hasta un 60% los fondos que aporta el Gobierno de Aragón para mantener los gastos de infraestructura que soporta la asistencia jurídica gratuita. Y al tiempo, «paradójicamente», les obliga a incrementar los medios burocráticos destinados a ella, para justificar los servicios de forma rápida y pasarlos para el cobro.

Los letrados lamentan que no se haya tenido en cuenta «ni una sola de las sugerencias y observaciones» que realizaron al anteproyecto del decreto, facilitado por la DGA. Por ello, recuerdan que impugnaron por vía administrativa los pagos correspondientes al 2015, y lo harán con los del 2016, pero también acudirán a la vía Contencioso-administrativa para reformar el decreto.

Entre otras reivindicaciones, reclaman que se establezca un pago para los clientes a los que se asiste para luego comprobar que no son acreedores de asistencia gratuita, habiéndola recibido.