El secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-Aragón, Ignacio Aguar, ha pedido hoy la dimisión del secretario territorial del sindicato en Teruel, Aurelio Palomares, a quien se le pagan los gastos de vivienda cuando tiene en esa ciudad su puesto de trabajo, así como un proceso de regeneración en la organización.

Aguar ha comparecido en rueda de prensa para aclarar el conflicto surgido después de que ayer se hiciera pública la carta remitida al secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, para que separara del cargo a Palomares por beneficiarse del pago del alquiler, calefacción, garaje, agua y otros gastos residenciales alegando que su puesto de trabajo estaba fuera de Teruel.

El responsable de la FSP ha explicado que descubrió la situación al asumir el cargo, del que el próximo 7 de noviembre se cumplirá un año, y comprobar que Palomares tenía su puesto de funcionario en Teruel desde 1996, cuando ya estaba liberado, si bien, los pagos por la vivienda los afronta el sindicato desde hace seis años.

Aunque ha reconocido que esta situación sí fue aprobada en órganos directivos de la anterior ejecutiva no ha sido ratificado en la actual etapa.

El líder sindical ha apuntado que no es un delito pero sí "una conducta éticamente reprobable" y piden que el secretario territorial en Teruel devuelva los 8.700 euros que abonó el sindicato en el último año.

"Si no dimite nadie sería una frustración que con la que está cayendo la organización no tuviera capacidad para resolverlo", ha señalado Aguar, quien ha advertido que "no nos vamos a callar" como han pretendido desde la organización federal, que hoy mismo les ha remitido un fax para que no convocaran la rueda de prensa.

No obstante, Aguar ha advertido que "lo de Teruel no es el único problema y, ni si quiera, el más importante", sino la "crisis sindical morrocotuda" que hay y "la incapacidad de la organización para adaptarse a las exigencias y necesidades de la ciudadanía".

Entre otros problemas, Aguar ha citado la "pugna entre los que llevan muchísimos años y que quieren que todo siga igual y los que pretendemos un cambio pero en línea con las bases congresuales".

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos ha abogado por lograr un sindicatos más transparente, democrático y participativo que "acabe con prácticas que no se ajusten a un código ético y con un sistema de financiación fracasado".

Respecto a éste último aspecto, Aguar ha incidido en las "limitaciones de independencia" que supone para el sindicato depender de las ayudas de los gobiernos "de turno" y además produce "un daño tremendo" cuando se "cierra el grifo".

Aguar ha rechazado que la situación se deba a conflictos personales sino que es un problema "político" que hace necesario "modernizar la federación, cambiar personas y cargos y limitar mandatos a 8 años" al informar de que hay personas que llevan 24 años liberadas y "son muchos años".

"Queremos debatir y contrastar pero los afines a los muy, muy veteranos no quieren" y ha puesto como ejemplo la imposibilidad ayer de convocar un comité regional o los problemas que están teniendo para poner en marcha una agenda electrónica en la que figure la agenda de cada liberado y a la que puedan acceder todos los afiliados, para saber "con quién nos reunimos, dónde viajamos, con quién hablamos, cuanto nos gastamos y en qué".