La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa remitió ayer un comunicado a los grupos parlamentarios en las Cortes para que exijan al Gobierno una memoria económica que permita conocer el coste de la nueva ley de la Fundación Publica Aragonesa. La organización quiere que la tramitación del proyecto de ley se supedite a la elaboración "de una correcta memoria económica", con los costes y las condiciones de financiación, como se exige en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

"Conocer el coste de una Ley --cuya repercusión en el capítulo de gastos de personal del Presupuesto de la comunidad autónoma es directo-- es un requisito indispensable para su tramitación y aprobación", señaló la asociación, para quien el conocimiento de las repercusiones económicas de una norma legal es "necesario en toda circunstancia, pero lo es especialmente en la actual coyuntura económica y presupuestaria", en la que Aragón "ha de cumplir exigentes objetivos de contención del déficit público y atraviesa manifiestas dificultades en su equilibrio presupuestario".

Para este colectivo, son insuficientes las escasas ocho páginas, incluidas en la memoria del análisis del impacto normativo, que "contienen datos y estimaciones carentes de la más elemental consistencia". En su opinión, no se puede admitir este documento, ya que "omite los efectos derivados del nuevo régimen retributivo, del cual el complemento ligado a la carrera es solo una parte, y las condiciones de financiación para las diferentes medidas de la ley".

Los ciudadanos "tienen el legítimo derecho de saber cuánto cuesta" y los parlamentarios conocerlo "antes de decidir y votar". También reprochó a los sindicatos que sean "capaces de respaldar un proyecto normativa sin la garantía de su viabilidad presupuestaria, reincidiendo en los vicios que han conducido al actual colapso presupuestario". Un "ejercicio de irresponsabilidad", afirmó la asociación.