La Fundación Pie insiste en que todas las operaciones financieras realizadas por sus responsables se ajustaron a la legalidad en todo momento y que su finalidad "única" era la de financiar los elevados costes que supuso la rehabilitación y modernización del Teatro Olimpia de Huesca.

Fuentes de esta organización han respondido así al supuesto "cerco judicial" al que estarían sujetos dos de sus patronos a causa de las investigaciones llevadas a cabo por la titular del Juzgado de Instrucción nº4 de Huesca por presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y blanqueo.

En declaraciones a Efe, estas fuentes han insistido en que las cuentas de la Fundación y los movimientos realizados para pagar las obras del Teatro Olimpia ya han sido objeto de un estudio pericial que, afirman, les avala.

Respecto a la prueba pericial pendiente, han destacado que se trata de un informe a realizar por un arquitecto al objeto de verificar si todas las obras fueron ejecutadas y terminadas de acuerdo con el proyecto.

La designación de este perito judicial fue recurrida por el representante legal del denunciante, el arquitecto al que se encargó el proyecto, al entender que carecía de la "preparación y experiencia" necesarias para realizar su labor, solicitando que fuera el Colegio de Arquitectos de Huesca quien se hiciera cargo de la pericia.

Esta petición fue rechazada por la instructora con el apoyo tanto de la fiscalía como de las defensas de los investigados, lo que motivó un nuevo recurso del denunciante ante la Audiencia de Huesca.

La Audiencia de Huesca rechazó su demanda en un reciente auto en el que se argumenta que los colegios profesionales deben de facilitar la labor de los tribunales con una relación de sus asociados, pero carecen de la función de ejercer como perito.

También desestimó la petición del denunciante de encargar una investigación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional al entender que no se dan las "características técnicas" que lo aconsejen.

Además, la Audiencia cuestión la legitimidad del denunciante al entender que no es él "ofendido o víctima" de los presuntos delitos investigados en torno a la Fundación Pie.

Este planteamiento llevó a los denunciados a cuestionar ante la instructora la legitimidad del representante legal de la acusación particular en el proceso.

Todas estas cuestiones han sido objeto de un nuevo recurso del letrado del denunciante ante la juez en el que objeta que la Audiencia se excedió en su pronunciamiento al opinar sobre una cuestión, su legitimidad como parte, que no le había sido planteada al tribunal.

Insiste el letrado en defender su petición de que sea el Colegio de Arquitectos quien se encargue de la prueba pericial acordada.

Respecto a las cuentas de la Fundación, las fuentes insisten en la legalidad de la última certificación de obras emitida, 895.000 euros que el denunciante rechazó firmar en 2008 al entender que no estaba justificada.

Desde la Fundación se asegura que esa cantidad económica procede de unos gastos del año 2006 que el propio arquitecto suscribió en una certificación anterior.