La batalla judicial por el embalse de Biscarrués no ha terminado. Los opositores al pantano pidieron ayer al Ministerio de Medio Ambiente, promotor de la obra hidráulica, que no recurra la sentencia de la Audiencia Nacional que anula el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental y les deje vivir en paz y prosperidad. Pero el departamento gubernamental, responsable del plan a través de la sociedad estatal Acuaes, replicó que la presa de Biscarrués es «una infraestructura irrenunciable», ligada a la balsa de Almudévar, que ya está autorizada y que tiene previsto el comienzo de las obras «en los próximos meses».

De hecho, el ministerio ya «está estudiando la posibilidad» de presentar un recurso «dentro del plazo de dos meses que tiene para ello». Además, Medio Ambiente recordó que el proyecto de Biscarrués está en información pública y que este documento, a diferencia del anteproyecto, sí «incluye las recomendaciones que la Comisión Europea ha formulado en relación con la integración de infraestructuras en la planificación hidrológica».

Quizá por ello, los tres pueblos afectados y las cinco organizaciones ecologistas que les apoyan se mostraron ayer cautamente «satisfechos» con la sentencia de la Audiencia Nacional que tumba el anteproyecto de construcción de la presa en el río Gállego.

30 AÑOS EN ASCUAS

«El procedimiento legal sigue adelante y se van a presentar las alegaciones al proyecto», subrayaron ayer en una rueda de prensa convocada en la pequeña localidad oscense.

De hecho, explicaron que el peligro no se alejará del todo hasta que los promotores de la obra, desde el Ministerio de Medio Ambiente a Riegos del Alto Aragón, renuncien a llevar a cabo una obra que figura en el Pacto del Agua y que permitiría la reconversión agrícola de 10.000 hectáreas en el sur de Monegros.

De ahí que la primera reacción de los afectados fuera ayer solicitar a ambos organismos que «no recurran la sentencia, de forma que las gentes de la Galliguera puedan vivir en paz». «Los alcaldes piden que se entierre el plan definitivamente y que se haga justicia con un territorio que lleva 30 años perdiendo oportunidades de desarrollo y que ha encontrado en el turismo una salvación frente a la despoblación», subrayó ayer Luis Tirado, responsable en Aragón de SEO/BirdLife, una de las entidades conservacionistas que se oponen al pantano.

ATRAER INVERSIONES

Por este motivo, el siguiente paso de los municipios concernidos es pedir a los poderes públicos que «restituyan» todas las inversiones que el Reino de los Mayos ha perdido por la amenaza de construcción de una presa, omnipresente desde 1987, si bien el plan tiene cuatro décadas de antigüedad.

«Hemos sentido mucha alegría pese a que esta noticia la esperábamos», recalcó Pepe Torralba, alcalde de Biscarrués. «Cuando nos enteramos, hubo gente del pueblo que lloró de alegría», explicó el primer edil.

En el día de ayer, Chunta Aragonesista, Unidos Podemos e Izquierda Unida mostraron su alegría por el fallo, pero el resto de partidos marcaron sus distancias y siguieron apostando por una obra que consideran fundamental para impulsar el empleo y fijar la población en la comarca de Monegros.

PP, PSOE, PAR y Ciudadanos confían en que la Justicia termine dando la razón a los regantes del Alto Aragón, teniendo en cuenta que el proyecto en elaboración subsana los fallos del anteproyecto, dado que contiene una evaluación de la idoneidad económica, técnica y social del embalse y un estudio del estado del agua, tal y como exige la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.