Fernando García Vicente ha presentado hoy su último informe anual como Justicia de Aragón, un documento que ha recogido más de 3.000 quejas, lo que supone un récord histórico para la institución que está motivado por el aumento de reclamaciones contra el Impuesto de Sucesiones y de Plusvalía municipal.
Solo el área de Hacienda ha registrado un total de 942 quejas de los aragoneses a lo largo de 2017, lo que representa un aumento de un 500 por ciento con respecto a las 187 reclamaciones del año anterior.
"Los ciudadanos consideran que en esta comunidad la presión fiscal ha aumentado más de lo que lo ha hecho en otras regiones y que una forma de provocar recortes es aumentar la recaudación", ha expresado García Vicente ante los medios, tras entregar el documento a la presidenta de Las Cortes, Violeta Barba.
Otro de los sectores que han motivado un mayor volumen de quejas por parte de la ciudadanía es el de Educación, que ha registrado un total de 557, aunque ha experimentado un notable descenso frente a las 1054 de 2016.
El Justicia de Aragón asocia este elevado número de reclamaciones con el proceso de elección de la jornada escolar y con el anuncio del ejecutivo autonómico de suprimir aulas en colegios concertados.
El área de Medio Ambiente también ha incrementado su volumen de quejas que ha pasado de 99 a 151 en el último año, un dato que la institución defensora de la ciudadanía vincula directamente con los problemas de ruido en las inmediaciones de zonas de ocio.
Sectores como Sanidad, Vivienda o Justicia han mantenido unas cifras similares al año 2016, mientras que Urbanismo, Empleo Público o Asistencia Social han experimentado un descenso en el número de reclamaciones de los aragoneses.
En su intervención, García Vicente ha repasado algunas de las 367 Sugerencias, Recomendaciones y Recordatorios de Deberes Legales que la institución ha realizado a la administración pública para mediar en algunos de los problemas que ha identificado.
En Sanidad, por ejemplo, ha propuesto aumentar el número de plazas en propiedad para que los médicos se instalen en el medio rural o que se avise a los pacientes sobre los tiempos de espera en intervenciones sanitarias.
En Educación, García Vicente ha reclamado que se otorguen becas para los desplazamientos del alumnado que vive alejado de los centros educativos o que se financien las guarderías para garantizar la conciliación familiar y la igualdad de género.
Modificar la Política Agraria Común, aumentar el número de viviendas de alquiler en la comunidad o elaborar nuevas políticas de educación e inserción social para erradicar la pobreza son otras de sus sugerencias.
Con la presentación de este balance, García Vicente ha realizado una de sus últimas acciones como Justicia de Aragón tras casi dos décadas encabezando esta institución aragonesa, en las que ha dialogado con tres gobiernos autonómicos distintos.
"Ha sido un honor porque me ha dado la oportunidad de ayudar a mucha gente", ha explicado el todavía Justicia de Aragón, quien ha destacado el respeto que los diputados han mostrado con la independencia de la institución.
"Nadie me ha llamado nunca para decirme qué tenía que hacer", ha añadido García Vicente que ha puesto en valor una vez más el papel del Justicia que consiste en "dar voz a la gente"
