La consejera de Economía, Marta Gastón, ha reconocido hoy que le falta información para valorar el "supuesto decreto ley" que está barajando el Gobierno de España para que las centrales térmicas españolas puedan continuar su actividad más allá del 30 de junio de 2020.

También ha aseverado que desconoce si quienes han opinado sobre ese decreto ley "tienen toda la información" y por ello ha emplazado a la reunión que tendrá el próximo miércoles, 24 de mayo, con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para tener "toda la información posible".

Gastón, que ha asistido a la inauguración en Zaragoza de una estación de gas natural vehicular (GNV) en las instalaciones de la Cooperativa del Taxi de Zaragoza, se ha remitido a lo que ha podido leer en los medios de comunicación al respecto de las opiniones de su homóloga en Castilla y León, Pilar del Olmo, que ha calificado de "muy beligerante" en cuanto a defender su territorio, la minería y el seguimiento de la central térmica de Compostilla.

Además, ha asegurado que carece de información para entender si con ese decreto ley lo que se pretende es "amedrentar" a Endesa y cuál sería el acicate que para la nueva operadora que se hiciese cargo de las centrales que "como pude leer sería por un euro", porque ha recordado que es público que la cuenta de resultados de las centrales señala que "no son rentables" y por otro lado, en el caso de la térmica turolense se precisa invertir "180 millones de euros".

Por todo ello, ha insistido en que en la reunión con Álvaro Nadal espera conocer en detalle "el supuesto decreto ley", a la vez que ha apuntado que se bajara la posibilidad de argumentar la "seguridad de suministro" que es algo que "decimos desde el 6 de octubre de 2015" y por ello considera que "esa es la apuesta que se debe realizar pero necesita la aquiescencia de Europa".

A partir de ahí se deberá saber si el ministerio "quiere o no quiere, tiene o no tiene voluntad" de que estas centrales térmicas continúen su vida más allá del 30 de junio de 2020, por lo que ha señalado la voluntad del Gobierno aragonés de "colaboración, escuchar y seguir luchando" para que su actividad se pueda prolongar en el tiempo.

Por su parte, el director general de Endesa en Aragón, Ignacio Blanco, ha afirmado que no dispone de "más información que la que ha aparecido en los medios".

Y ha insistido en que en las condiciones actuales de mercado y regulatorias la inversión de 200 millones de euros para cumplir los requisitos medioambientales "hoy no es viable", pero ha mostrado la disposición de la empresa a seguir dialogando con todas las instituciones para "buscar la mejor solución para todos en general".