Este mes se cumplen 50 años del funcionamiento de la potabilizadora de Casablanca. Felicitamos a cuantas personas han hecho posible que este servicio público garantice la calidad de la potabilización de agua y mejore continuamente su suministro, claro ejemplo de que la gestión pública puede ser eficiente y responsable.

Constatamos con satisfacción algunas de las mejoras más notables en este periodo: la ampliación de la planta y la recuperación de los antiguos depósitos en la orilla derecha del canal; la construcción de una planta de extracción de fangos que antes contaminaban al río Huerva; el recubrimiento de los depósitos de almacenamiento del agua y la colocación sobre él de una instalación fotovoltaica.

Pero a pesar de estas incuestionables mejoras queda mucho por hacer en el ciclo integral del agua de la ciudad. Se nos prometió que a principios del 2000 beberíamos agua de alta calidad. La pieza clave era el embalse de la Loteta que, con una capacidad de 100 hm3, debía almacenar y regular aguas de invierno del canal Imperial, de buena calidad, con aguas sobrantes del río Aragón, de excelente calidad.

No obstante, la CHE despreció y desoyó las advertencias de que el vaso del embalse era inadecuado por la abundancia de yesos y sales. Hoy se reconoce que, en efecto, la Loteta disuelve enormes concentraciones de sulfatos y otras sales, lo que convierte las aguas allí embalsadas en inservibles para el consumo humano. En 2010 bebimos el 80% de agua del río Aragón; en 2013 solo fue el 50%; y en el 2014 se nos ha suministrado el 35%. En suma, aunque bebemos agua con parámetros de calidad legalmente permitidos, no es el agua de excelente calidad que se nos prometió.

LA CORPORACIÓN municipal tiene que exigir a la CHE una alternativa urgente a la Loteta como clave para garantizar ese agua de calidad prometida. Pero además, habrá que aclarar los costes que se vienen pagando, ya que, hasta ahora, por recibir el 4% del agua que circula por el canal de Bardenas pagamos el 40% de su mantenimiento y por usar menos del 10% de los caudales del canal Imperial, pagamos el 70%.

¿Y qué ocurre con la gestión del saneamiento? Estos días era noticia que el propio ayuntamiento ha abierto expediente por el incumplimiento de los parámetros exigibles a los vertidos de la depuradora de La Cartuja. En 2013 caducaba la concesión a Veolia que lleva la gestión de la planta y el anterior gobierno municipal la prorrogó hasta 2024. Se perdió una magnífica ocasión para cambiar la gestión de privada a pública. Mucho nos tememos que si esperamos al 2024, en vez de una depuradora tengamos una estructura que solo sirva para el derribo. El ayuntamiento debe seguir con las labores de vigilancia y, si no cumplen el contrato, que se denuncie y se remunicipalice la gestión.

Y nos preguntamos, ¿qué papel ha jugado la sociedad pública Ecociudad Zaragoza sabiendo que el problema en La Cartuja se había detectado desde enero de este año? ¿Es útil y cumple realmente su función o se evidencia que es una mera estrategia financiera para burlar las restricciones sobre estabilidad presupuestaria?

EL CICLO DEL AGUA requiere nuevas inversiones como la construcción de tanques de tormenta, el desdoblamiento del colector de Malpica o la renovación anual de un 2% de sus redes. Pero si la situación financiera es mala, todavía será peor en 2016. El Gobierno de Aragón quiere recaudar en Zaragoza alrededor de 13 millones al año a través del Impuesto sobre Contaminación de las Aguas (ICA) para cuadrar las cuentas del saneamiento del resto de Aragón. Los zaragozanos ya han pagado 250 millones de euros para la construcción y mantenimiento de la depuradora de La Cartuja.

No nos negamos a ejercer la solidaridad con el resto de Aragón, pero antes debe realizarse una auditoría del plan de saneamiento, previa a su revisión, que ha supuesto hasta ahora un trasvase desmedido de dinero público a la empresa privada.

Todo ello se agrava porque a los ayuntamientos aragoneses se les obliga ahora a externalizar el cobro de este impuesto. Así, Zaragoza pagará por este servicio 750.000 euros al año, cuando ya hay personal técnico que realiza esta labor en mejores condiciones, dispone al día de las variaciones del censo y conoce las condiciones sociales de las familias que deben quedar exentas de pago. La consejería de Sostenibilidad mantiene que si paraba el concurso (iniciado por el Gobierno anterior) para la gestión privada del ICA, no había capacidad de cobrarlo a comienzos de 2016 como marca la ley. Nosotros señalamos que era más fácil mantenerlo como estaba y cambiar la ley porque el nuevo modelo traerá más problemas que soluciones además de quitar competencias a los ayuntamientos y condenarlos a una posición subalterna y, aunque es posible que el Gobierno de Aragón acabe por retrasar o minimizar el impacto del impuesto sobre Zaragoza, sin duda tratará de que sea a cambio de disminuir el apoyo presupuestario a su ayuntamiento.

Desde la Red de Agua Pública pedimos que, hasta tanto no se haga la auditoría que se encomienda a la Cámara de Cuentas, se exima del pago del ICA a los vecinos de los municipios en los que no se han construido las debidas depuradoras, así como a los que pagan sus propias depuradoras en funcionamiento bajo la responsabilidad de sus ayuntamientos. De esa auditoría esperamos que, de una vez por todas, se aclare uno de los mayores operativos de despilfarro de dinero público, que ha tenido esta comunidad.