La Justicia ha centrado gran parte de la acción de Gobierno durante esta legislatura. La asunción de las competencias en esta materia por parte de la comunidad autónoma ha obligado a realizar un esfuerzo extra. Esta circunstancia ha impedido el desarrollo de políticas efectivas en ordenación del territorio, cuya acción ha quedado mermada por unos presupuestos decrecientes.

Las labores de planificación de la actividad judicial en la comunidad autónoma han terminado por ensombrecer o lastrar el resto de la actividad de este departamento. La consejería se ha volcado en esta materia después de asumir unas competencias del Estado, que no fueron valoradas de forma conveniente. Esta circunstancia obligó a realizar un esfuerzo extra. Los resultados no han sido para tirar cohetes, pero se ha logrado un acuerdo para la creación de la ciudad de la justicia en el meandro de Ranillas. Un avance notable, que supone una reorganización de las infraestructuras. También se han realizado inversiones en el territorio. Queda pendiente la oficina judicial, que se ha quedado en agua de borrajas. La política de personal tampoco ha sido para tirar cohetes, con contrataciones mayoritarias de interinos.

En política territorial, la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio (Lota), ha sido uno de los grandes hitos. Pero no se ha desarrollado. No ha habido proyectos de ordenación territorial, así que el instrumento, importante de por sí, se ha quedado a medias. En Administración local, el fondo de cooperación destinado a los ayuntamientos ha sufrido un recorte en los últimos dos presupuestos de cerca del 62%. Los ayuntamientos han sido los grandes paganos del descenso presupuestario. Así lo admitió el propio titular de la consejería, Rogelio Silva, en su presentación de las cuentas del 2011.

Él mismo ha sido uno de los grandes defensores de las comarcas, inmersas en la polémica sobre el coste que suponen. Su respaldo incondicional a estas administraciones no se ha visto acompañado por una mayor transferencia de competencias. El segundo bloque de transferencias se ha quedado en el cajón, falto de presupuesto y de voluntad política. Tampoco se ha logrado aprobar la Ley de Capitalidad, convertida en el último tramo de la legislatura en arma política por parte del PAR. Los socios de Gobierno no han sido capaces de ponerse de acuerdo, más por cuestiones electorales que por otra cosa. De la misma forma, la comarca 33 se ha quedado bloqueada y queda como otra cuestión pendiente para la próxima legislatura.

En Interior entre los logros del departamento debe figurar la consecución de la unidad adscrita de Policía Nacional, que sin embargo, no ha terminado de desarrollarse. Sus funciones se han quedado a medio camino. La Ley de Coordinación de Policías Locales, ha sido otro de los fiascos de esta legislatura.

A pesar de los múltiples intentos, el texto legal no ha podido salir adelante. Algo que deja a la comunidad autónoma en una situación de desventaja. Si la negociación en materia de Policía Local ha sido un fracaso, más efectiva ha sido la gestión en materia de protección civil. El consejero ha desarrolla políticas activas en el territorio y el voluntariado se ha implantado con dinamismo en la mayoría de las comarcas.