Los Juzgados de Teruel vieron ayer el juicio planteado por la empresa Aragonesa de Servicios Públicos al Ayuntamiento de Andorra, en oposición al pago de la sanción que este le impuso de 15.000 euros por supuesto incumplimiento de contrato. Los problemas con el suministro de agua en la capital de la Sierra de Arcos han tensado estos últimos años la vida política del municipio, gobernando por Izquierda Unida.

De hecho, ayer mismo el concejal del Ciclo del Agua, Ramón López, del Partido Socialista, anunció que presentará su dimisión en breve por sus discrepancias con el equipo de gobierno, que el pasado mes de mayo se sometió a una cuestión de confianza.

La empresa demandante sostiene que la sanción es injusta y ha recurrido a los tribunales de Justicia tras no lograr paralizar el expediente por vía administrativa. El abogado del consistorio, Agustín Comín, expuso en la vista oral de ayer los motivos por los que se sancionó la compañía, que depende de grupo Agua de Valencia.

En primer lugar, señaló que las pérdidas de agua de la red local suponían el 50% del total, pese a que según contrato no debían superar el 25%. Esto originó sobrecostes en explotación y un empeoramiento de la calidad del servicio.

Asimismo, explicó que en el 2014 los responsables de la empresa no permitieron que una comitiva del ayuntamiento visitara las instalaciones. Por otro lado, dijo que, pese a figurar en el contrato, la demandante carecía de un técnico dedicado al cien por cien a la planta de Andorra, y que tampoco los trabajadores de la misma tenían una dedicación plena.

«Esta situación me ha abocado a plantear mi dimisión», resumió Ramón López, que acusó al equipo gobernante en el municipio de hacer el juego al Partido Popular.