El consejero de Hacianda, Fernando Gimeno, volvió a comparecer ayer en la Comisión de Hacienda para hablar de la modificación del impuesto de Sucesiones, tributo que es el absoluto protagonista en la estrategia de la oposición. No en vano, compareció a petición del PP, PAR y Ciudadanos.

Gimeno avanzó que en dos meses podría presentar la reforma de este impuesto, aunque lo condicionó a que haya un «minimo consenso» y evitar así «un desastre» de tramitación. Por ello, volvió a pedir a todos los grupos que cedan en sus pretensiones, al tiempo que señaló que las del Gobierno pasan por mantener la progresividad del impuesto y reducir el número de pagadores. En este sentido, apostó por elevar la cuota de exención de los 150.000 euros de la actualidad a los 300.000. Una cantidad que, en principio, le parece insuficiente a la oposición.

El portavoz del PP volvió a recriminar al consejero su reunión con Ciudadanos, indicando que al PP «no el gustan las mesas camillas», y consideró que ahora el consejero accede a modificar este impuesto ante la presión social, verse «con la soga al cuello» y acercarse ya las elecciones.

También criticó la posición de Ciudadanos la diputada del PAR, Elena Allué, por considrar que hace el juego al PP en el Estado y al PSOE en Aragón. Asimismo, coincidió en la actitud electoralista del Ejecutivo autonómico y volvió a arremeter contra lo «injusto» del impuesto de Sucesiones.

Javier Martínez, de Cs, ha incidido en que lo importante es hacer cambios en este impuesto, no los motivos, y destacó que su formación ha hecho una propuesta frente a otros grupos que solo quieren «seguir montando el circo». Así, advirtió de que su grupo no va a ceder hasta que se suprima este impuesto a las clases medias y planteó al Gobierno si está dispuesto a bajar la recaudación en torno a 30 millones /entre 40 y 50 millones también con mejoras en donaciones).