El vicealcalde y responsable económico municipal, Fernando Gimeno, no tiene previsto que el pago de los casi 4 millones de euros en intereses de demora a FCC al que obligan al Ayuntamiento de Zaragoza seis sentencias judiciales trastoque el presupuesto municipal. Porque la empresa concesionaria no ha pedido la ejecución de la sentencia ni, aseguró Gimeno, "creo que lo haga".

El vicealcalde expuso ayer, tras una pregunta del PP acerca de estos pagos pendientes, que a su juicio el recurso a los tribunales se corresponde "con una estrategia" de estas empresas que se repite en otras grandes ciudades "como Madrid o Valencia". En su día, el consistorio ya explicó que las demandas presentadas obedecen a facturas pagadas que datan de los años 2009, 2010 y 2011 y que, en algunos casos, estas se abonaron un día después de la fecha prevista y, en otros, a 29 días. Hace escasos días, de hecho, Gimeno mantuvo una reunión precisamente con un alto responsable de FCC.

Y, lo que se desprende de las afirmaciones realizadas por el responsable municipal, es que el consistorio no tendrá que abonar esta cuantía. "No va a tener repercusión presupuestaria porque, para empezar, todavía no todas las sentencias son firmes. Además, el ayuntamiento no pagará hasta que haya ejecución de la sentencia. Y nunca ha habido una petición en este sentido", aseguró el vicealcalde que detalló que se han recurrido las sentencias solo en algunos casos según el criterio de los servicios jurídicos del consistorio.

ESTRATEGIAS

"En algunos casos el juez nos daba la razón porque ellos reclamaban 600.000 euros y la sentencia nos obligaba a pagar 300.000. No vamos a recurrir", indicó. "Las empresas tienen sus estrategias y para cobrar no solo hace falta una sentencia sino ejecutarla", insistió.

En este sentido, el concejal popular Jorge Azcón denunció también ayer que el consistorio deberá afrontar otra sentencia, en este caso de la Fundación Agustín Jericó, por retrasos en pago de los intereses de demora en una expropiación. En concreto, detalló el edil, el ayuntamiento fue sentenciado al pago de 3,6 millones en el 2006 y ahora, tras haber fraccionado el pago en varias partes, otra resolución judicial obliga al ayuntamiento a abonar a este colectivo otros 400.000 euros.