El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha asegurado hoy que "no tiene sentido" que el Estado se quede con 148 millones que no son suyos, los que el ministerio Cristóbal Montoro ha anunciado que dejaría de percibir Aragón si no se aprueban los presupuestos generales para 2018.

La semana pasada, el Ministerio de Hacienda remitió una carta a las comunidades en la que les anunciaba que las entregas a cuenta del sistema de financiación de 2018 serán inferiores a las que en un principio se habían comunicado, calculadas pensando en unos nuevos presupuestos, y eso supone una merma de 148 millones en las previsiones con las que el Gobierno de Aragón ha elaborado su proyecto de presupuestos en lo que respecta a los ingresos.

Hoy, el consejero de Hacienda ha comparecido en las Cortes para dar cuenta de los rasgos generales del proyecto de presupuestos de la comunidad para 2018 y ha explicado cómo afectará esta decisión a las cuentas de la comunidad para este año, en pleno proceso de tramitación parlamentaria.

Las consecuencias de que no haya presupuestos generales, según Gimeno, van mucho más allá de esa merma de 148 millones de euros, puesto que muchas transferencias y convenios previstos no podrán realizarse.

En el caso de que no se pueda llegar a un acuerdo en el Congreso de los Diputados para aprobar los PGE, Gimeno ha hablado de las posibles "soluciones".

Entre ellas, plantear la cuestión ante un órgano "neutral" como es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), o ante el Consejo de Estado, para que se pronuncien acerca de la posibilidad de que las partidas se transfieran en la cantidad comunicada inicialmente.

Y otra opción sería aprobar una iniciativa legislativa en el Congreso para autorizar el pago completo ya que, ha insistido Gimeno, estas cantidades pertenecen a las comunidades autónomas.

Durante su intervención, Gimeno además ha anunciado que en 2018 Aragón estará en disposición de cumplir todos los objetivos de estabilidad presupuestaria: un déficit del 0,4 por ciento del PIB, los márgenes de deuda y también, aunque será "lo más complicado", la regla de gasto, que impide incrementar durante tres años el gasto en la media del crecimiento del producto interior bruto.

Respecto al proyecto de presupuestos de 2018, el consejero ha explicado que se ha pasado de una política "a la defensiva", que fue necesaria para sanear las cuentas, para bajar el periodo medio de pago a proveedores y para recuperar los servicios sociales, a una política "ofensiva".

El proyecto de presupuestos de Aragón asciende a 5.303,6 millones de gasto no financiero, lo que supone un 4,96 por ciento más (250,8 millones) que en 2017.

Gimeno ha explicado que el gasto social crece en conjunto un 5,64 % y que lo hace también especialmente la inversión, con un incremento del 9,81 %, por ejemplo, en el departamento de Vertebración del Territorio, y de un 8 % en el de Economía, fundamentalmente para políticas de Empleo.

Esto refleja, para el consejero, que el Gobierno de Aragón está llevando a cabo un proyecto que ya ha alcanzado "la madurez inversora".

Las críticas de los portavoces de la oposición se han centrado, de nuevo, en lo que consideran una excesiva carga fiscal para los bolsillos de los aragoneses, en tanto en cuanto han alertado de que se va a recaudar "bastante más" de lo que reflejan las cuentas.

Para el popular Antonio Suárez esa "excesiva" carga es "difícil de digerir" porque es "absolutamente excesiva desde un punto de vista intrínseco y también en comparación con otras comunidades".

Ha dicho, en este sentido, que 2017 se han recaudado por el impuesto de Sucesiones y Donaciones 199 millones de euros, 57 más de los presupuestados, y a pesar de ello Gimeno hace una previsión en las cuentas de 2018 de ingresar 149, y lo mismo sucede con las tasas, que en 2017, según Suárez, generaron unos derechos reconocidos de 105 y, aún así, en 2018 se presupuestan solo 68 millones.

En la misma línea, Elena Allué, del PAR, ha considerado que al Gobierno de Javier Lambán le da "vergüenza" decir que va a recaudar más de lo que ha incluido en el proyecto, que por otro lado está "lleno de agujeros".

La política impositiva, ha agregado, coloca a Aragón como la comunidad con más presión y aún así "no se solucionan los problemas de la emergencia social", como incluir una dotación para la Renta Social Básica o incrementar el IAI.

Por Ciudadanos, Javier Martínez, ha tachado el proyecto de "continuista y anodino" en cuanto a las políticas pero "caótico" en cuanto a la gestión.

A su juicio, se ve "más bien poca" política de izquierdas, a pesar de que los grupos que en un principio apoyan el proyecto (PSOE, Podemos, CHA e IU) defienden que es un presupuesto progresista, y Martínez no ve en el ningún "topo morado", sino más bien "un sarpullido rosáceo".

El portavoz de Hacienda de Podemos, Héctor Vicente, ha recordado que el apoyo de Podemos a estos presupuestos, que no colman todas las espectativas de la formación morada, se circunscribe de momento a la toma en consideración.

Ha considerado que "falta valentía" en algunas áreas, como vivienda, energía o cambio del sistema productivo, y que persisten algunas "insuficiencias" en el capítulo II en lo referente a Sanidad, y ha hecho hincapié en que uno de cada seis euros del presupuesto se destinan a amortización de la deuda y a gastos financieros.