El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha asegurado hoy que en menos de dos meses puede presentar el proyecto de ley de reforma del impuesto de Sucesiones siempre que cuente con el mínimo consenso para que la tramitación "no sea un desastre".

No habría por tanto que esperar a las conclusiones de la comisión especial de estudio constituida en las Cortes para abordar esa reforma pero, ha advertido el consejero, requerirá cesiones de todos los grupos para alcanzar un acuerdo.

Así lo ha indicado en una comparecencia en la Comisión de Hacienda de las Cortes a petición del PP, del PAR y de Ciudadanos en la que ha avanzado de las pretensiones del Gobierno pasan por ampliar el número de personas que no tengan que pagar este impuesto y por mantener la progresividad.

No obstante, ha advertido de que le preocupa el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y que la subida del impuesto tenía ese objetivo y mantener los servicios públicos, y los cambios obligarán a tomar decisiones sobre qué se prioriza.

Sin embargo, para el portavoz de Hacienda del PP, Antonio Suárez, el Gobierno afronta esta reforma por la "presión de la calle", porque está "con la soga al cuello" porque se acercan las elecciones, y ha aseverado que a los populares no les gustan "las mesas camillas" -en alusión a la reunión del Gobierno con Ciudadanos para tratar esta cuestión-, sino que las propuestas se debatan abiertamente.

Al PP, ha asegurado, le "sobraba todo", tanto el informe sobre el impuesto presentado por el Gobierno como la comisión de la Cortes porque tienen muy claro lo que quieren, y ha planteado la renuncia de su grupo a todos los comparecientes en esa comisión si Gimeno interviene el primero, hace su propuesta y comienza la negociación.

Elena Allúe, del PAR, ha insistido en que su grupo ha sido "beligerante" en sus posiciones en contra de un impuesto "del todo injusto" y ha acusado al Gobierno de Lambán de sacar "de la chistera" una reforma ahora que se acercan las elecciones sin concretar el alcance y los apoyos con los que cuenta.

En ese sentido, ha cuestionado la actitud de Ciudadanos por "hacer el juego" al PP en Madrid y al PSOE en Aragón, y a los socialistas por querer "quedar bien" con la formación naranja al verla como posible aliada, dejando a sus actuales socios en una situación "bastante complicada".

Javier Martínez, de Ciudadanos, ha incidido en que lo importante es hacer cambios en este impuesto, no los motivos, y ha destacado que su formación ha hecho una propuesta frente a otros grupos que solo quieren "seguir montando el circo" ante un informe "demoledor" sobre las consecuencias que ha tenido la reforma del Gobierno PSOE-CHA.

Así, ha afeado a Suárez que pretenda intercambiar una comisión, porque "no vale todo", ha asegurado que su grupo no va a ceder hasta que se suprima este impuesto a las clases medias y ha planteado al Gobierno si está dispuesto a bajar la recaudación en torno a 30 millones -entre 40 y 50 millones también con mejoras en donaciones-.

Héctor Vicente, de Podemos, ha criticado la "fanfarria" de los grupos de la derecha y la ausencia de propuestas para aportar soluciones y ha hecho hincapié en que no casa que digan que la Comunidad está mal financiada y a la vez renuncien a ingresos.

Podemos, ha asegurado, está a favor de actualizar el impuesto pero sin entrar en el "juego enloquecido" de la derecha para hacer "regalos a los ricos", porque este impuesto cumple un papel de redistribución de la riqueza y es de los más progresivos.

Gregorio Briz, de CHA, ha mostrado su "hastío" frente a la "patraña" e "intoxicación" de la derecha en contra de este impuesto, planteando una comisión que es una "ópera bufa" para atacar al Gobierno, y ha defendido una reforma consecuente con las ideas socialdemócratas.

Por el PSOE, Alfredo Sancho, ha remarcado que en este "pimpampum" de la derecha cada vez se habla menos de que se trata de un impuesto progresivo y de hasta dónde se puede reducir, al tiempo que ha mostrado sus dudas de las posibilidades de llegar a un acuerdo, dadas las intervenciones de los grupos