Una vez iniciado el trámite para aprobar los presupuestos autonómicos el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, alertó sobre los «perjuicios» que podría causar una demora todavía mayor en las cuentas estatales. Como respuesta a una pregunta del PP en la que se le instaba a aclarar a partir de qué momento los aragoneses comenzarán a notar la prórroga actual, Gimeno calificó como un «problema» que el presidente Mariano Rajoy todavía no haya definido con exactitud los ingresos y transferencias que recibirán las autonomías.
El consejero recordó que en los últimos meses se ha mostrado «muy prudente» respecto a la situación estatal -sobre todo porque estaban inmersos en un difícil diálogo con Podemos-, pero aprovechó para denunciar que podrían estar en riesgo inversiones en ferrocarriles o carreteras, así como la aplicación del Fite. «Habrá consecuencias, pero intentaremos que sean las menos posibles», manifestó.
Por su parte, el popular Antonio Suárez le pidió que fuera «honesto» a la hora de valorar los riesgos de la prórroga autonómica. «Algunos efectos serán irreversibles porque las inversiones se van a quedar sin tiempo», indicó. Como ejemplo recordó los equipamientos educativos paralizados en Parque Venecia o Valdespartera, los dos en la ciudad de Zaragoza. «Debería explicarle a los padres que no van a poder escolarizar a sus hijos cuando comience el curso escolar», explicó.
acelerar los trámites / Gimeno replicó indicando que el Gobierno de Aragón «está haciendo lo posible para que se aceleren los plazos de tramitación» y aventuró que en dos meses podrían estar aprobados los presupuestos aragoneses. «Necesitamos tranquilidad y serenidad ahora que se han puesto en marcha la maquinaria», concluyó.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, fue interpelado por el diputado popular Miguel Ángel Lafuente. En este caso la pregunta versó sobre los riesgos asociados a la falta de presupuestos en las entidades locales. Como era previsible la respuesta discurrió en términos similares.
Guillén recordó que la financiación de las comarcas está asegurada por figurar en una partida a la que no le afecta la orden prórroga «absolutamente en nada». En todo caso, reconoció que el problema podría surgir en las inversiones que no sean plurianuales, en los convenios con los ayuntamientos para hacer inversiones y también en la ley de capitalidad recién pactada entre el Ejecutivo y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Lafuente lamentó, a su vez, que el Gobierno de Aragón oculte su «ineptitud» lanzando críticas al PP para no asumir unas cifras de inversión «lamentables».
