El ICA, vinculado a los planes de depuración cuestionados, está en estos momentos sometido a un proceso de negociación y debate a raíz de los pacto alcanzados entre la DGA y Podemos para lograr que se aprueben los presupuestos. Sin embargo, los desencuentros son cada vez más patentes. Y ayer, el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, advirtió de que él no firmó «una supresión» y que la petición para que sea una tasa hecha por la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), una de las entidades que encabezan los movimientos de protesta, «no tiene ni pies ni cabeza».
El socialista señaló, además, que la Unión Europa ha advertido a España de que incumple sus obligaciones en materia de impuestos verdes. «Es raro que desde posiciones progresistas se cuestionen estos tributos», expresó.
«El ICA incentiva que no se contamine con un menor consumo y además en ningún caso se cortará el agua a quien no pueda pagar», aseguró Gimeno. También restó importancia al número de zaragozanos que han recurrido el pago, frente a los cientos de miles de recibos que hay, y precisó que no teme una merma en la recaudación dado que en los presupuestos ha tenido en cuenta «todas las incidencias posibles».
Por su parte, el líder de Podemos, Nacho Escartín, insistió en la necesidad de establecer «pagos progresivos y bien distribuidos por todo el territorio».
