El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de ley de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género de Aragón, que incluye un régimen sancionador con multas de un mínimo de 200 y un máximo de 45.000 euros para quien incumpla la norma.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha explicado que esta es una ley "de derechos" que incide en el reconocimiento de la igualdad y el respeto a la diversidad.
La norma, más conocida como ley de Igualdad LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales) responde a la demanda de los colectivos implicados de tener un marco normativo que reconozca la igualdad y el respeto a la diversidad y que combata la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en Aragón.
Para ello, se incluye un régimen sancionados con infracciones leves, graves y muy graves.
En el primer caso, con multas de entre 200 y 3.000 euros, se sancionan comportamientos como emitir expresiones vejatorias por razón de orientación sexual, amenazar, no colaborar con las fuerzas del orden en la investigación de estos casos o causar daños materiales a propiedades de personas del colectivo LGTBI.
Serán infracciones graves, con multas de entre 3.000 y 20.000 euros, la reiteración del uso de expresiones violentas o amenazas, el establecimiento de cláusulas laborales que causen discriminación, realizar actos que impliquen aislamiento o menosprecio público de estas personas o la elaboración de material educativo que presente a las personas como superiores o inferiores en virtud de su orientación sexual.
Con multas de entre 20.000 y 45.000 euros se penarán las infracciones muy graves, entre las que están las agresiones o actuaciones de acoso, la adopción de represalias contra quien haya denunciado quejas o denuncias por discriminación, la realización de terapias de aversión para modificar la orientación sexual de una persona o emplear un lenguaje discriminatorio u ofensivo contra este colectivo en los medios de comunicación.
Se reconoce en el cuerpo de la ley el respeto a la diversidad, el derecho a la expresión libre de la identidad de género y el apoyo a colectivos vulnerables (mayores, gitanos, discapacitados, inmigrantes o menores) y prevé la elaboración de planes de atención para personas que sufren discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.
Este proyecto tiene un carácter "marcadamente transversal" y recoge las políticas públicas a implementar en función de los ámbitos competenciales para garantizar la no discriminación.
En sanidad se incluye, por ejemplo, la elaboración de protocolos de atención sanitaria a personas transexuales o de campañas y planes de prevención de enfermedades de transmisión sexual y la formación de profesionales del ámbito sanitario.
En el apartado de empleabilidad, destaca la obligatoriedad de desarrollar políticas de fomento de la igualdad y la no discriminación en el empleo, público y privado, y se incluye la realidad LGTBI dentro de las medidas de responsabilidad social y el necesario compromiso de la inspección de trabajo con la prevención y detección de discriminación por "LGTBIfobia".
También incorporan actuaciones en el ámbito educativo, como la necesaria inclusión de la realidad LGTBI en los planes y contenidos docentes y educativos y la elaboración de protocolos de prevención de la discriminación, así como la realización de campañas y acciones formativas encaminadas a fomentar la igualdad y el respeto a la diversidad.
El ámbito de la comunicación también está recogido en el proyecto de ley e incluye medidas como el tratamiento igualitario de la información y de la comunicación y la obligatoriedad de trabajar en un código deontológico que recoja las fórmulas propias de un lenguaje y expresión igualitarias y que se aleje de la desigualdad y la discriminación.
La ley también incluye medidas dentro de los ámbitos de la familia, de la juventud, del ocio y la cultura, del deporte, de la memoria democrática o del policial.
La norma se promulga tras un proceso de participación en el que el borrador del anteproyecto recibió 360 aportaciones, de las que se aceptaron 268 y se estimaron parcialmente 18.
