El Gobierno de Aragón ha dado el visto bueno definitivo a la construcción de una central térmica de 37 megavatios en Mequinenza. Un proyecto de 54,8 millones de euros de presupuesto, con un plazo de dos años prorrogables para su puesta en marcha por parte de la empresa Carbonífera Energía, SLU.

Esta autorización administrativa ha sido criticada por la plataforma Salven lo Territori, que califica el proceso seguido de "poco transparente". "El proyecto que ha estudiado Industria no ha variado del utilizado por el Inaga en junio de 2005 para el proceso de Autorización Ambiental Integrada, a pesar de que desde entonces han cambiado las circunstancias socioeconómicas del sector y se han hecho importantes estudios ambientales relativos al proyecto", añaden en un comunicado.

Así, por ejemplo, se hacen eco de las conclusiones del desarrollado por el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), "que mostraba el impacto que causaría la central sobre el ozono troposférico", y del estudio del Instituto Químico de Sarrià, "que daba a conocer una serie de fallos en la tramitación del proyecto y en el estudio ambiental aportado por la empresa promotora".

La autorización, publicada en el BOA del 11 de enero, recoge, sin embargo, todos los informes favorables recibidos por esta central de carbón con lignitos de escombrera.

Pero la plataforma acusa al Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de prescindir del trámite de audiencia de las asociaciones personadas en el procedimiento, así como de "dar respuesta a las alegaciones contrarias al proyecto, presentadas por asociaciones y particulares, y por tanto de justificar el rechazo a las mismas".

EMISIONES DE CO2 El informe elaborado por Ecologistas en Acción sobre las emisiones de gases efecto invernadero, fijaba en 400.000 las toneladas de CO2 anuales que esta central térmica vertiría a la atmósfera. "Una cifra que contradice completamente las acciones del Gobierno aragonés en la estrategia de lucha contra el cambio climático", contesta Paco Iturbe, uno de sus autores.

Por su parte, Saturnino Barbé, de la plataforma Salvem lo Territori, considera caduca la industria del carbón, "que vive de las subvenciones", y cree que el Gobierno de Aragón sufre "un serio empecinamiento" con este proyecto.