El Gobierno de Aragón anunció ayer el cierre del presupuesto del 2016 cuatro meses antes de que termine el año. Esta medida supone que no se podrán promover nuevos contratos o licitaciones ni tampoco establecer líneas de ayuda diferentes a las ya presupuestadas. Esta restricción se aplicará también a las empresas públicas.
Con esta orden el Ejecutivo autonómico cumple con el requerimiento del Ministerio de Hacienda de remitir, antes del 5 de septiembre, las líneas fundamentales de la orden de cierre del ejercicio con el fin de respetar el objetivo de estabilidad marcado por Bruselas.
El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, destacó ayer que la medida no afectará a los compromisos de gasto asumidos en políticas sociales, ni al pago de nóminas, ni a las transferencias para el normal funcionamiento de la Administración y de los servicios públicos fundamentales. También precisó que, si fuera necesario o surgiera alguna iniciativa hasta final de año, "se podría estudiar la excepcionalidad siempre y cuando sea para garantizar los servicios públicos fundamentales".
PLAZOS
Los plazos para aplicar esta medida establecen que a partir del próximo lunes no se pueda iniciar ningún expediente de gasto y que desde el 31 de octubre se cierren las modificaciones presupuestarias (que deberían haber entrado en las Cortes un mes antes). El corte en los gastos permitirá que la comunidad se acerque al objetivo de déficit del 0,7% comprometido con Bruselas y España. Aunque Gimeno reclamó poder cerrar el ejercicio dos décimas por encima, considera que a final de año será posible cumplir con el requisito. "Esta orden completará el plan de ajuste para cumplir con nuestras obligaciones", indicó. También calificó la medida como "instrumento técnico de gestión" y restó importancia a la fecha en la que se ha tomado. "Lo importante es el contenido concreto de las medidas", reconoció el consejero.
Otro de los aspectos que previsiblemente no se verán perjudicados por la orden de cierre presupuestario es el pago a proveedores. Gimeno adelantó ayer que este mes ya se situará dentro de los límites legales. Ante un posible incumplimiento de la sugerencia realizada por el ministerio de Montoro, el consejero recordó que el Gobierno en funciones dispone de "instrumentos muy potentes" para sancionar a las autonomías rebeldes en forma de cierre de la inversión.
ASUNTO FORMAL
La oposición recibió ayer con cautela la orden publicada en el BOA, aunque reclamó la comparecencia del consejero en las Cortes de Aragón para dar explicaciones. El portavoz de Hacienda del grupo popular, Antonio Suárez, manifestó que se trata "de un asunto más formal que material" que le sigue permitiendo a Gimeno decidir en qué gasta o qué no gasta el dinero. "Lo que tiene que hacer el consejero es ponerse a trabajar en serio para controlar el gasto público, algo que todavía no ha hecho", replicó.
Por su parte, la diputada de Podemos Violeta Barba señaló que la situación ejemplifica la imposición de Bruselas en las decisiones políticas. "Es un despropósito cerrar un presupuesto pensando más en cuestiones económicas que en las humanas", destacó. Para la formación morada, este tipo de obligaciones solo se podrán evitar impidiendo la repetición de Mariano Rajoy al frente del próximo Gobierno estatal.
El portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Javier Martínez, asumió que a pesar de las explicaciones ofrecidas por el consejero "esta orden va a suponer problemas adicionales en la mayoría de las consejerías".
