El Gobierno confirma el refuerzo de la seguridad en los puntos de encuentro

Así lo ha expuesto Sevillano en la Comisión parlamentaria de Ciudadanía y Derechos Sociales, en la que ha comparecido a propuesta de la consejera del ramo, María Victoria Broto, y del PAR, para explicar la seguridad en dichos centros.

En materia de organización, Sevillano ha resaltado diversas medidas de seguridad en cada punto de encuentro y actuaciones especiales para casos de violencia, informan fuentes parlamentarias en una nota de prensa.

Según ha expuesto la directora general de Igualdad y Familias, desde el año pasado se ha implementado la coordinación con el sistema judicial y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "para reforzar y regular el protocolo de actuación", de obligado cumplimiento para los usuarios y para las personas que desarrollan su trabajo en estas instalaciones.

Sevillano también ha confirmado que todos los puntos asumieron una valoración previa por parte de la Unidad de Policía Adscrita y que todos han adoptado sus recomendaciones, como, por ejemplo, la disposición de un botón antipánico conectado a una central de alarmas.

La directora general de Igualdad ha incidido en la formación "específica" que reciben todos trabajadores, ha asegurado que se mantiene el contacto "casi diario" con estos centros y ha ratificado su acuerdo con el desarrollo de puntos diferentes para casos de maltrato, pese a que, ha matizado, "excede" de sus competencias.

Según Sevillano, en 2016 se atendieron en estos centros a 2.692 personas, cien más el pasado año, y se recibieron once quejas y ocho en el Justicia, todas ellas contestadas.

La directora general ha adelantado asimismo que se está trabajando en los nuevos puntos de Jaca y Cinco Villas.

La diputada del PAR Elena Allué ha abogado por "reforzar todas las herramientas y recursos" de estos recintos y que se les dote de espacios diferenciados para aquellos menores que tengan que cumplir visitas con personas condenadas por malos tratos, aunque ha advertido de que "estos lugares no deberían ser los que cubren las necesidades de parejas con violencia de género".

Por su parte, la popular Marián Orós ha denunciado "carencias de información entre los puntos, el Departamento o el Justicia" que si no se mejoran, ha lamentado, hace "imposible la inmediatez".

Orós también ha abogado por "reflexionar sobre si es beneficioso o no que los puntos de encuentro generales sean los mismos que los que necesitan las familias que sufren violencia de género" y ha destacado el desarrollo del Pacto de Estado por la Violencia que incluye medidas para los usuarios de los puntos de encuentro.

La socialista Pilimar Zamora ha preguntado por los indicadores de calidad para valorar el servicio, por si se necesitan informes de los puntos de encuentro, y cada cuánto o cómo se realizan las encuestas de satisfacción y si tienen en cuenta a los menores.

"Los feminicidios son solo la punta de iceberg de las discriminaciones y la violencia", ha comentado desde Podemos Amparo Bella, quien ha recordado a la mujer asesinada en uno de estos centros en Zaragoza.

Desde Ciudadanos, Desirée Pescador ha subrayado la necesidad de "tomar medidas urgentes en la vigilancia de los puntos de encuentro, ya que, a día de hoy, no existen estos servicios", ha apostado por la "contratación de vigilancia hasta que se regule" y ha pedido evaluaciones de los profesionales ante la a su juicio "poca experiencia" de los recién licenciados que se están contratando.

La diputada de IU Patricia Luquin ha considerado que estos centros deberían ser "un punto neutral que beneficiase al menor y el uso de las familias con problemas, pero en estos puntos muchas mujeres maltratadas deben entregar sí o sí a sus niños y esto es un problema".

Luquin ha puesto en duda si las personas que trabajan en estos centros tienen las herramientas para mantener la seguridad y la calidad del servicio y se ha mostrado interesada por los baremos de la contratación, así como por la formación de las personas que prestan el servicio.