El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que ayer presentó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, incluye puntos del decreto del ejecutivo aragonés sobre emergencia social que fueron recurridos por el propio Gobierno en octubre de 2016 ante el Tribunal Constitucional.

Así lo ha puesto hoy de manifiesto en declaraciones a los medios en el palacio de La Aljafería el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, quien ha calificado el hecho de "contradicción" por recurrir ante el TC algo que ahora incluyen en su propia ley, como la puesta a disposición de las administraciones de las viviendas desocupadas de la Sareb y las entidades financieras para que puedan ser alquiladas a personas desahuciadas.

Ahora, según Soro, habrá que iniciar una negociación con el Gobierno estatal para determinar si retira el recurso, que sería "lo coherente".

Y ha insistido en que se ha comprobado que las políticas "de vanguardia" en relación con la vivienda puestas en marcha en Aragón están "marcando a Madrid el camino a seguir".

También ha precisado que él mismo le dijo al ministro que las comunidades autónomas estaban legislando en esta materia porque el Estado no lo hace, aunque esto "no es una carrera" y lo importante es tener "instrumentos legales" para luchar contra la falta de vivienda y los desahucios.

Por otro lado, ha insistido en que es "urgentísimo" firmar el convenio con el Ministerio de Fomento relativo a la anualidad de 2017 del plan de vivienda para poder convocar ya las ayudas a la rehabilitación, que suman diez millones de euros.

El plan presentado ayer, que Soro ha conocido por los medios de comunicación según ha dicho, incluye una aportación de trece millones de euros del Estado y un complemento de 4 por parte de Aragón.

Diecisiete millones de euros en total de los que siete se destinan a ayudas a inquilinos para cubrir "el cien por cien de las solicitudes" y los otros diez, a ayudas a la rehabilitación.

El consejero, ahora, estudiará el borrador del plan presentado ayer, una vez que lo reciba, para presentar alegaciones con la intención de incorporar al texto "todo lo necesario para que se adapte a la realidad de Aragón".

Entre otras cosas, el impulso a la rehabilitación en el medio rural como una de las medidas para atajar la despoblación.