Las relaciones entre los gobiernos central y autonómico siguen sin avanzar. Ayer se añadió un punto de tensión; otro más. El Ministerio de Hacienda rechazó la prórroga de los 11 proyectos del Fondo de Inversión de Teruel (Fite) valorados inicialmente en 8,5 millones. Corresponden al 2014 y no están todavía terminados. Pero se podrían añadir otros que han llegado estos meses, que elevarían todavía más la cuantía. De ahí que el Ejecutivo aragonés propusiese trasladarlos al 2016. Madrid se negó, lo que supone la pérdida de esa inversión, que era finalista, y que por lo tanto no podía destinarse a otras cuestiones.
A veces la política es cuestión de voluntades. Parece claro que el Gobierno central está dispuesto a no dejar pasar ni una al de Aragón. La prórroga de proyectos era una práctica habitual. Pero en el 2012 se endurecieron los criterios, y este año el ministerio ha dicho definitivamente que no a las obras que por unos motivos u otros no pudieron terminarse en plazo. El resultado es que se perderán estos 8,5 millones. El delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde, defendió la negativa de Hacienda alegando que "en estos momentos" hay casi 40 millones de euros de remanentes "que se arrastran desde el 2007". Emplazó al Ejecutivo aragonés a gestionar mejor los recursos, olvidando que estos proyectos proceden del periodo del PP.
RECHAZO TAJANTE La única posibilidad para los 11 proyectos es su inclusión en el convenio --y otros que pudieran añadirse--, que aún debe firmarse, para el 2016. Pero de incorporarse será con cuantías nuevas. Las partidas previstas en el 2014 ya no se recuperan. Por delante queda la negociación del futuro Fite, que debería comprender otros cuatro años a partir de este mismo ejercicio. Pero las nulas relaciones entre ambas administraciones no ayudan. Y con un Gobierno central interino, las incógnitas son más que las certezas. No queda otra que esperar.
"Les hemos preguntado la solución para los 8,5 millones. La respuesta ha sido clara, demos por perdidos esos fondos", explicó después de la reunión la consejera de Economía, Marta Gastón, ayer encargada de verbalizar el enfado reinante en el Gobierno de Aragón. Por el central estuvo la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández. Fue después de la reunión de la comisión mixta de seguimiento del Fite, que congregó a representantes de ambas administraciones. La tensión se evidenció al final del encuentro, según fuentes de la DGA. En el apartado de ruegos y preguntas el Ministerio de Hacienda mostró su "tajante" rechazo a la prórroga de los proyectos pendientes y emplazó al Ejecutivo aragonés a incluirlos en el 2016, para cuya firma, sin embargo, no hay todavía fecha prevista.
En la reunión, el Gobierno de Aragón puso sobre la mesa al ministerio su propuesta de borrador de convenio para el año 2016 y que tiene como objetivo establecer las bases de la colaboración entre ambas administraciones para la financiación de proyectos de inversión que promuevan directa o indirectamente la generación de renta y riqueza en la provincia de Teruel. No hubo avances significativos.
Una de las novedades se refiere al periodo de ejecución y certificación de las obras, y frente a los dos años contemplados en el ejercicio del 2015, el Gobierno de Aragón propone añadir un año más de tiempo para certificar y contar con tres años. Salvo en el caso de obras de gran envergadura, en los que la comisión, en el momento de la aprobación del proyecto, podría acordar una fecha de certificación más amplia que la establecida para el resto de inversiones. En el nuevo borrador se propone la atribución de mayores competencias a la subcomisión para que pueda resolver aquellos aspectos relacionados con cambios de finalidad y beneficiario.
