El Gobierno de Aragón quiere alcanzar un "gran acuerdo político" para la reordenación competencial de las distintas administraciones en la comunidad, pero ha advertido de que un proyecto de ley de estas características no puede presentarse "de la noche a la mañana" debido a su complejidad.
"Más que nunca" se necesita una reordenación competencial, ha dicho hoy en el pleno de las Cortes el consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, en respuesta a una interpelación formulada por el diputado de CHA Gonzalo Briz, quien ha llamado la atención sobre la "situación insostenible" de las administraciones locales, que es "imposible" que sean eficaces con los escasos recursos de que disponen.
Por eso, ha pedido al Gobierno que cumpla sus atribuciones y apruebe una ley de reordenación competencial, que no va a resolver todos los problemas pero que, por lo menos, servirá para dilucidar con qué dinero se pagará cada una de estas competencias.
El consejero, ha dicho Briz, pide tiempo, pero "los ayuntamientos y las comarcas no pueden esperar" y en este sentido ha instado a presentar la ley para fijar quién asume las competencias impropias.
El consejero ha dicho, por su parte, que las dificultades económicas no son solo de las entidades locales, sino también de la autonómica y la estatal, y ha advertido de que la situación no parece que vaya a mejorar en 2012.
A pesar de ello, y aunque el presupuesto de su departamento ha disminuido un 16 por ciento para 2012, se ha mantenido el Fondo de Cooperación Local, incondicionado, en los niveles de 2011 (10,5 millones de euros), así como el Fondo Comarcal, con 12,5 millones.
La financiación de los ayuntamientos, ha recordado, corresponde al Estado, pero el Gobierno de Aragón, en respuesta a lo que mandata el Estatuto de Autonomía, también encara este asunto y colabora económicamente con las entidades locales con los citados fondos.
Respecto a las diputaciones provinciales, por cuya desaparición aboga CHA, el consejero ha reconocido que podrían perder competencias, y que "no hay que escandalizarse por ello", pero que mantendrían como acciones básicas el asesoramiento jurídico y técnico de los municipios y la gestión del plan de obras y servicios.
