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POLÉMICA EN EL RASTRO

El Gobierno sigue sin saber cómo regularizar la venta ambulante

Baraja que una entidad cultural asuma la competencia

 

C. GOMAR
24/01/2018

La regularización de la venta ilegal del rastro de Zaragoza sigue siendo motivo de debate y discusión entre los grupos del ayuntamiento. Este tema protagonizó ayer uno de los más tensos de la comisión de Derechos Sociales. La concejala del ramo, Luisa Broto, compareció, a petición del PP, para explicar qué soluciones baraja el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) para dar salida a una «situación compleja y de largo recorrido», explicó Broto, que recalcó que, desde los años 70 existen este tipo de mercados ambulantes que, en otras ciudades de Europa, «están de moda».

La concejala negó que se haya firmado un convenio con la Asociación Cultural El Cantero, cuyo presidente es miembro de Podemos, como denunció el PP. Sí que admitió que existe un expediente que contempla esta posibilidad y en el que, aseguró, no hay intercambio económico. Según Broto, esta entidad forma parte de la Plataforma del Rastro y se ofreció a asumir la competencia de gestionar un espacio cedido gratuitamente para que ubiquen ahí sus puestos los vendedores sin licencia y sin recursos para pagarla. «Hay gente que tiene que recurrir a este tipo de venta como complemento salarial», aseguró para pasa pasar a señalar que «donde el PP ve rentabilidad económica yo veo rentabilidad social».

Desde el PP, José Ignacio Senao, insistió en que desde el Gobierno de ZeC pretenten beneficiar a «amigos y amiguetes» y cuestionó que la entidad propuesta sea la ideal. «¿Qué tiene que ver una asociación cultural con el rastro?», preguntó.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, que pidió «dignidad» al PP, ya que «se trata de gente en exclusión, sin techo y con problemas para ganarse la vida», aseguró. Cristina García, de Cs, instó a «dejar de darle vueltas a un tema sin aportar soluciones». «No niego que sea complejo, pero hay que trabajar en un modelo». Por su parte, la concejala del PSOE, Lola Campos, advirtió de que la idea de ZeC de que una entidad se encargue de gestionar un espacio público y gratis puede hacer explotar una «bomba» por las diferencias que están creando entre los vendedores que pagan.

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