La gratuidad del transporte público para niños de hasta 7 años, y las bonificaciones para jóvenes, siguen adelante pero el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) evita fijar un plazo para su aplicación. Esta decisión política, que le aleja de los grupos municipales de izquierdas, por no contemplar la progresividad y los criterios de renta a la hora de implantarlo, llevó ayer al PP, firme defensor de esta medida desde hace años, a sacar más punta a sus diferencias y a exigir una puesta en marcha urgente. Pero fue incapaz de sacarle un plazo a la responsable de Movilidad, Teresa Artigas.

El filón que ha encontrado la derecha, y especialmente el partido conservador, en las críticas que suscita, del PSOE y CHA, la adhesión de ZeC a esta gratuidad universal para los menores, le llevó a plantear, por quinta vez en el pleno, la misma moción para pedirla. Y es requerir a Artigas más celeridad en esos estudios técnicos en los que excusó, una vez más, la espera. En esta ocasión, la edila matizó que «estos estudios son complejos» y que, en ellos, también se analizarán criterios de progresividad. Pero ayer se abstuvo para «no participar de espectáculos» a propósito de una propuesta que «ya está en marcha». A su juicio, no había nada nuevo que debatir.

«Ya no sabemos si es por los informes, por su incapacidad o si está esperando a las elecciones», auguró el conservador Sebastián Contín, quien le recordó a Artigas que Zaragoza está «desfasada» en este tipo de iniciativas con respecto al resto de España y que este retraso es ya «bochornoso». En septiembre del 2017 dijo el Gobierno que hacía suya esta idea, y ya han pasado ocho meses.

Además, el concejal replicó a los grupos de la izquierda que «los niños no tienen poder adquisitivo». Y a ZeC que sería «intolerable» que se demore hasta el 2019 por un interés «electoralista» o por «su incapacidad para resolver problemas cotidianos».

La socialista Lola Ranera reprochó la «incoherencia» del Gobierno, que viró en la posición que durante años había mantenido la izquierda en el ayuntamiento. Y Leticia Crespo, de CHA, le advirtió de que no estudiarán esa gratuidad hasta que los criterios de progresividad no se incluyan en su implantación. Mientras no sea así, su voto siempre será en contra. Pero la moción salió adelante con el apoyo de Ciudadanos (Cs). Su concejala Elena Martínez instó a Artigas a «que cumpla los acuerdos y traiga ya los informes» para su aplicación.