El Grupo contra los Conciertos Educativos ha presentado ante la Fiscalía documentación con nuevos datos acerca de la autorización y el concierto del Colegio Ánfora Internacional de Cuarte, porque han detectado indicios de prevaricación en el proceso y quieren encontrar "al (Francisco) Granados de Aragón".

María José Chinchilla, abogada de este grupo que aglutina a IU, CHA, STEA, CGT y MHUEL, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para dar detalles de esta nueva documentación, que a su juicio demuestra que no están claras ni la titularidad de los terrenos sobre los que se construye el colegio ni la del propio centro.

Este grupo presentó el 1 de julio ante la Fiscalía una denuncia en la que ya alertaban de irregularidades en la concesión del colegio a la empresa Ánfora, investigada en el marco de la trama Púnica y vinculada a Afedel, propiedad de Alfonso Ferrón del Río quien, ha dicho Chinchilla, está imputado en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por el caso "Púnica".

Según los datos de este grupo, Ánfora Sociedad Cooperativa no tuvo "capacidad legal" para actuar en Aragón hasta el pasado 15 de julio, fecha en la que consta su inscripción en el registro de cooperativas.

Hasta entonces, según los estatutos de la cooperativa, solo tenía capacidad legal para actuar en Madrid, ha agregado Chinchilla.

Otra de las irregularidades detectadas tiene que ver con la propiedad de los terrenos, puesto que a día de hoy las dos parcelas siguen a nombre de la empresa propietaria en origen y no al de la cooperativa, además de que el compromiso de compraventa se inició cuando esta última todavía carecía de esa capacidad legal para actuar en Aragón.

Los denunciantes no saben de hecho si la compraventa, por casi 3,8 millones de euros, se ha formalizado, lo que "no da ninguna garantía al Departamento de Educación de que pueda disponer del uso o la propiedad" de los terrenos.

Además, las parcelas tenían previsto en el Plan General de Ordenación Urbanística de Cuarte un uso residencial y no terciario, lo que lleva a pensar a los denunciantes que también ha existido un "trato de favor" desde este consistorio.

Asimismo, existen dudas respecto al concierto educativo que autorizó provisionalmente en marzo de 2015 la Consejería de Educación (encabezada entonces por la popular Dolores Serrat) y de forma definitiva en junio del mismo año.

Las irregularidades vuelven a tener que ver con la capacidad de la cooperativa a la que se concedió el concierto de actuar en la comunidad autónoma aragonesa.

Chinchilla, por otro lado, ha explicado que en la desestimación del recurso administrativo interpuesto en el Departamento de Educación por este grupo contra la autorización definitiva del concierto, la propia Consejería justificaba que en los presupuestos no figurara la dotación destinada a este centro.

El grupo contra los conciertos, que revisa anualmente todos los que se firman, detectó que en este caso no se establecía la cantidad concreta que iba a recibir el colegio Ánfora y que la casilla estaba "en blanco".

La Consejería explicó que lo iba a solventar con un gasto plurianual, lo que también consideran irregular.

La falta de un plan de incendios y la inseguridad para los niños -que tienen que salir a la calle para acceder al patio o que recibirán clases a pocos metros de las obras de la segunda fase del colegio- son otros de los argumentos en contra esgrimidos.

Pero también las irregularidades, denuncian, llegan a la constructora del centro, Avintia, una empresa fundada por Obrum e imputada en la "Púnica".

Según Chinchilla, Avintia incluso habría contactado con el diputado popular Vicente Martínez Pujalte para que éste les pusiera en contacto con el ministro Luis de Guindos, en principio para obtener algún trato de favor.

Respecto a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) emitida ayer, Chinchilla ha explicado que lo que hace el tribunal es dictar medidas cautelares circunscritas al derecho fundamental de elección de centro, y suspende la eficacia de la orden del Gobierno de Aragón del 20 de agosto que deniega la autorización al centro para abrir, pero que no entra en la cuestión penal como sí hacen ellos.