La negociación del presupuesto del Gobierno de Aragón para este 2018 ha entrado en la delicada fase de enmiendas. Con la puesta en marcha en las Cortes de la ponencia que estudia el proyecto se tendrá que decidir el encaje de las más de 1.200 propuestas de mejora planteadas por los partidos políticos. Y como las mayorías para su aprobación siguen en el aire la portavoz de Podemos, Maru Díaz, recordó ayer que el apoyo de su partido a las cuentas dependerá en gran medida de la aceptación que tengan sus propuestas.
La formación morada espera dotar mejor los departamentos de Desarrollo Rural y los que atienden los servicios sociales. Más allá de la ambigüedad de su planteamiento, la diputada quiso dejar claro que la crisis de gobernabilidad en el Ayuntamiento de Zaragoza no afectará a la posición de Podemos de cara al debate presupuestario.
Los grupos del centro derecha igualmente precisaron el sentido de sus enmiendas. El PP criticó sobre todo que en los años anteriores gran parte de las partidas dedicadas a inversiones se hayan quedado sin ejecutar. La portavoz en el área de Ciudadanía y Derechos Sociales, Ana Marín, cargó contra la «mala gestión y la incapacidad del Gobierno de Aragón» ya que en su opinión, a pesar de contar con una cuantía de 1.200 millones más de presupuesto, «para garantizar el desarrollo de los hospitales de Teruel y de Alcañiz» estos han sido los «grandes olvidados».
Ciudadanos también se fijó en el Bajo Aragón para reclamar «una mejor dotación en aquellos aspectos que les sean útiles a los turolenses». El diputado Ramiro Domínguez consideró «una vergüenza» el incumplimiento de la DGA con la provincia.
El grueso de las propuestas de modificación ha ido dirigido al gasto, hasta un 88%, en un intento por modificar el destino de más de 403 millones de euros. Si se cumplen las previsiones el prespuesto estará listo para su aprobación definitiva en el pleno que se celebrará el próximo 28 de febrero.
