Los grupos municipales PSOE, CHA y PP han acordado remitir al Gobierno de Aragón la propuesta definitiva del Consistorio para la Ley de Capitalidad de Zaragoza, que incluye un progresivo aumento de la financiación prevista hasta llegar a 50 millones de euros en 2021, frente a los 24 que ofrece la autonomía.

El documento al que ha tenido acceso EFE ha sido elaborado hoy por el grupo de trabajo municipal en el que han participado PSOE, CHA y PP sobre el anteproyecto de ley de capitalidad presentado por el gobierno de Luisa Fernanda Rudi, aunque el PP "se ha desmarcado" de las cifras, según han informado EFE fuentes municipales.

En el texto del acuerdo de los grupos municipales, en el que desde un principio IU ha decidido no participar, se indica que hay unos parámetros económicos mínimos que permitirían "una adecuada prestación de servicios y una efectiva compensación de las cargas" que el Ayuntamiento de Zaragoza soporta en su condición de capital de la comunidad.

Éstos se fijan en 50 millones de euros en concepto de costes de capitalidad (que es el coste derivado del esfuerzo de la ciudad en prestación de servicios a población vinculada por estudios o trabajo) y en otros 101 millones por el coste de las competencias impropias.

Además de 27 millones de euros por el denominado efecto metropolitano y periurbano de amplias zonas de población rural con un alto coste de prestación de servicios (como transporte y equipamientos) y que debería aportar la Diputación Provincial de Zaragoza.

Todo ello suma aproximadamente 180 millones de euros, a lo que habría que agregar el coste de las competencias delegadas, con consignación presupuestaria mediante los oportunos contratos programa, y las inversiones de la comunidad en infraestructuras supramunicipales.

Los grupos firmantes del preacuerdo son conscientes del "conjunto de dificultades económicas" que las administraciones públicas soportan fruto de la crisis.

Pero también indican que los parámetros económicos en los que se mueve el Ayuntamiento de Zaragoza exigen de la comunidad autónoma "el correspondiente esfuerzo".

Por eso, el planteamiento municipal establece que desde el ejercicio 2016 se determine un coste de capitalidad de 25 millones de euros y que se incremente cada año hasta llegar a 50 millones en 2021.

Para el concepto de financiación de las competencias impropias, el documento avanza que la ley debería fijar un sistema estable que se incorpore a los presupuestos de la comunidad, desde los criterios de autonomía, suficiencia y eficiencia.

Este procedimiento, se añade, deberá estar sujeto a los parámetros económicos que fije el nuevo mecanismo de financiación autonómica, cuando se modifique por parte del Estado.

También se reclama a la DPZ un monto de 10 millones de euros por el coste del denominado efecto metropolitano y periurbano.

Y se exige que se pague la deuda que mantiene la Diputación General de Aragón con el Ayuntamiento de Zaragoza, que asciende a unos 40 millones de euros y que debería liquidarse entre los ejercicios de 2015 y 2016.

En la propuesta municipal se apunta que en ningún caso se deben supeditar las revisiones de estas cuantías a incrementos porcentuales de los ingresos de la comunidad.

Los grupos estiman que éste es el planteamiento correcto frente a la oferta del Gobierno de Aragón, propuesta el 18 de enero, que ofrece cuatro millones al año (por costes de capitalidad y compensación de competencias impropias) con una previsión de ingresos adicionales desde 2017 hasta alcanzar los 24 millones en 2021.