Después de varias legislaturas intentándolo, por fin los grupos parlamentarios han pactado una propuesta para la reforma del Reglamento de las Cortes de Aragón. El documento consensuado prevé la ampliación de los periodos de sesiones a los meses de enero y julio, la suspensión de la condición de diputado por encausamiento y mayor participación ciudadana.
La ponencia para esta reforma se constituyó en octubre del 2015 y, tras año y medio, la propuesta fue presentada ayer en rueda de prensa en Zaragoza por representantes de todos los grupos políticos antes de que en el último pleno de marzo se tome en consideración y pueda entrar en vigor para el próximo periodo de sesiones.
El portavoz socialista en las Cortes, Javier Sada, en calidad de coordinador de la ponencia, alabó el trabajo realizado por todos los ponentes para que estén «todos reflejados» y no sea un reglamento «de una parte y no de otra». A su juicio, se ha avanzado en transparencia, incompatibilidades, participación ciudadana, así como en una mayor agilidad en las tramitaciones, el control político o la posibilidad del voto a distancia.
Entre las novedades, asimismo, destacó la posibilidad de que los diputados del grupo mixto se constituyan en agrupaciones parlamentarias, con «casi» los mismos derechos que los grupos, o la introducción de la figura de la interpelación urgente y la reducción del plazo para presentar preguntas al presidente, que pasa de 72 a 48 horas. Asimismo, se establece un tiempo de intervenciones proporcional en las sesiones plenarias. Por otro lado, las asignaciones económicas de los miembros del Grupo Mixto dependerán de acuerdos de dicha junta siempre que se les dote de medios «adecuados» para el ejercicio de sus funciones.
En cuanto a la participación ciudadana en la aprobación de leyes, Sada indicó que han acordado instituir audiencias legislativas previas a la definición última de las normas, además de contar con instrumentos como la Iniciativa Legislativa Popular y las comparecencias, preguntas y proposiciones no de ley a través de los grupos.
Por su parte, el representante del PP en la ponencia, el diputado Antonio Torres, subrayó la «magnífica voluntad» mostrada por todos los grupos para llegar a un acuerdo que tiene como principales objetivos «agilizar» y «actualizar» un reglamento que cuenta ya con 20 años de antigüedad. El popular sostuvo que se busca el equilibrio entre la «máxima apertura» sin que ello suponga un «menoscabo» al propio trabajo parlamentario. Eso sí, indicó que el reglamento «no es un fin por sí mismo».
