La Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza ha asegurado que el desalojo de los funcionarios que protestaban en los accesos a la prisión de Daroca se ha realizado con la "mínima fuerza imprescindible" a fin de garantizar el paso al centro.
Según informa el Instituto Armado en un comunicado, el corte de los accesos ha impedido el pasado al personal que se dirigía a trabajar al centro penitenciario, entre otros, agentes del Cuerpo destinados en labores de vigilancia del entorno del establecimiento.
Estas fuentes señalan que sobre las 08:00 horas de la hoy, tras conocer que la concentración estaba comunicada previamente en la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, un responsable del operativo de la Guardia Civil ha mantenido una breve conversación con representantes sindicales, "no impidiéndoles llevar a cabo su reivindicación en ningún momento".
Posteriormente, añade el comunicado, un grupo de los concentrados se ha posicionado en la carretera para cortar el acceso al centro, momento en el que el responsable del operativo ha solicitado a los representantes sindicales que permitieran el paso a las personas que debían acceder a la prisión.
Ante la negativa de los trabajadores concentrados a retirarse de la calzada, los agentes del operativo se han bajado de sus vehículos y se han desplazado a pie al establecimiento.
Las fuentes citadas señalan que miembros del GRS de Zaragoza se han desplazado a la zona posteriormente para solicitar, "de manera pacífica", a los funcionarios que permitiesen habilitar un paso para acceder al centro.
Ante la negativa de los concentrados, añaden las fuentes referidas, los agentes han retirado uno a uno a las personas que se encontraban sentadas sobre la calzada, "haciendo uso de la mínima fuerza imprescindible".
Según los sindicatos convocantes, ACAIP, USO, CCOO y UGT, alrededor de un centenar de funcionarios han sido desalojados por un grupo antidisturbios de la Guardia Civil "sin que mediara fuerza o provocación alguna".
Los funcionarios portaban pancartas exigiendo una negociación real para abordar sus demandas de incremento salarial, así como la necesidad de aumentar las plantillas de las cárceles dependientes del Ministerio de Interior, que acumulan un déficit de más de 3.000 plazas.
