Los escalones de entrada, los pasillos estrechos o las rampas "tobogán" son algunas de las barreras arquitectónicas a las que se enfrenta el 20 % de la población aragonesa, por eso desde la Fundación DFA y el Gobierno de Aragón se ha puesto en marcha una Guía de Accesibilidad a comercios.

Este folleto para comerciantes y usuarios establece una serie de pautas sobre cómo deben ser las puertas, las escaleras, las rampas o los mostradores de los comercios para que tanto personas con algún tipo de discapacidad como escayolados o mujeres embarazadas puedan acceder fácilmente a ellos.

En la presentación, la presidenta de la Fundación DFA, Marta Valencia, ha subrayado que las personas con discapacidad también son consumidores y como tal, tienen derecho a "poder elegir dónde quieren comprar".

En este sentido, ha reivindicado que "muchas veces se olvida esta perspectiva" cuando se defiende el comercio de proximidad, porque "todavía existen muchas barreras a la hora de acceder a estos negocios".

Por eso, ha puesto de manifiesto que estos pequeños comercios deberían "pensar en las personas discapacitadas como una oportunidad de negocio", contribuyendo así a "crear una ciudad más justa e inclusiva que no les obligue ir a comprar a las grandes superficies".

La presentación de la guía ha tenido lugar hoy durante un paseo ciudadano junto a la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Ros Cihuelo, para premiar a tres comercios de la calle Cinco de Marzo de Zaragoza que, además de ofrecer facilidades a cualquier usuario, se han adherido al Sistema Arbitral de Consumo (SAC).

Estos negocios son Calzados Sanse, Frutos Secos el Rincón y la Farmacia Borau Jordán.

Por su parte, Cihuelo ha apuntado que el SAC es una vía extrajudicial que "garantiza calidad en productos y servicios" y que si surge alguna discrepancia entre usuarios y comerciantes, "el conflicto se puede resolver de forma gratuita, sencilla, ejecutiva y sin gastos adicionales".

Actualmente, más de 470 comercios están adheridos al SAC y de estos, unos 300 lo hicieron el año pasado.

Desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón se está fomentando este sistema de resolución de conflictos porque ofrece una "garantía bidireccional, pues defiende el derecho de los consumidores y protege a los comerciantes", ha explicado Cihuelo